Si la cosa prospera y cunde el ejemplo, empleando el manido título de García Márquez, puede que Miguel Hernández ya no tenga quien le condene. Y es que una decisión, cautelar por el momento, de la Universidad de Alicante, ha hecho desaparecer el nombre de uno de los miembros del consejo de guerra que sentenció a muerte al poeta de Orihuela. Lo ha hecho a petición de un familiar y por ahora solo en varios documentos alojados en su web oficial.
“La historia, para bien y para mal, la hacen las mujeres y los hombres, y eliminar sus nombres es una forma de relativizar lo ocurrido”
La Universidad habría aceptado de este modo la petición del hijo de un alférez del ejército franquista, Antonio Luis Baena Tocón, que ejerció de secretario judicial en el consejo militar que tomó aquella fatídica decisión, más tarde conmutada por 30 años de cárcel. Según una investigación llevada a cabo por el diario El País, el nombre de Baena Tocón aparece en diversos artículos del especialista en Memoria Histórica y catedrático de Literatura Española de esa misma institución, Juan Antonio Ríos Carratalá, publicados en la página web de la universidad; esos han sido los textos censurados.
El familiar ha presentado su solicitud amparándose en la ley de protección de datos personales y del reglamento europeo, y ha amenazado con una reclamación a la Agencia Española de Protección de Datos y el correspondiente procedimiento judicial si no se atendía su petición. En consecuencia, la Universidad de Alicante ha eliminado el nombre de Baena Tocón de los citados artículos sustituyéndolos por meras iniciales.
En su resolución, la Universidad viene a justificar su decisión defendiendo la escasa relevancia de Baena Tocón en los acontecimientos, y al no alcanzar “la consideración de figura pública, se interpreta que debe garantizarse la protección de supresión y el derecho al olvido digital del afectado”. No obstante, desde la institución insisten en que se trata de una decisión cautelar y provisional, adoptada a partir del informe de la delegación de Protección de Datos. Aún quedaría conocer la decisión de una comisión que estudiará el caso para adoptar la medida definitiva.
Una historia sin nombres
La resolución de este caso podría sentar un precedente muy peligroso para el futuro del estudio de la historia en España. ¿Cómo y quién decide qué nombres son los importantes? ¿Vamos a empezar a llenar de tachones los certificados, informes, condenas y resoluciones? La historia, para bien y para mal, la hacen las mujeres y los hombres, y eliminar sus nombres es una forma de relativizar lo ocurrido: esto pasó, y alguien debió hacerlo, aunque ‘eso es lo de menos’.
A finales de abril de 1939, un Miguel Hernández acosado por la represión franquista llegó hasta el pueblo onubense de Aroche, y desde allí pasó a la localidad portuguesa de Santo Aleixo a través del río Rivera de Chanza. Para conseguir algo de sustento vendió un traje y el reloj que le había regalado Vicente Aleixandre por su boda, pero tuvo la mala fortuna de que el mismo hombre que lo compró lo denunció a la policía, y el 4 de mayo ya dormía en el calabozo del puesto fronterizo de Rosal de la Frontera (Huelva).
Antonio Márquez Bueno, agente de segunda clase del Cuerpo de Investigación y Vigilancia, era el jefe del puesto de Rosal de la Frontera. En su despacho, dictó al agente auxiliar interino Rafael Córdoba los datos para rellenar el informe de detención de aquel joven de 28 años, Miguel Hernández Gilabert, quien un año después, el 18 de enero de 1940, habría de ser condenado a la pena de muerte por un delito de “adhesión a la rebelión”, a través del Procedimiento Sumarísimo de Urgencia Nº 21001. Aquella causa estuvo en manos de un consejo militar integrado por un grupo de hombres con nombres y apellidos. Al menos, hasta ahora. En unos años, quién sabe, se queden en un puñado de siglas. Y poco después, solo olvido y desmemoria.
A este familiar que le avergüenza, posiblemente, la situación en la que estuvo inmerso su antepasado, habría que decirle que, para bien o para mal, la historia está escrita con nombres y apellidos y hay que asumirla como tal. Nadie tiene culpa de lo que hicieron nuestros antepasados. Cambiar sus nombres por iniciales no consigue tapar lo que hicieron y sin embargo emborrona aún más esa página de la historia.