A excepción de Corea del Norte, todos los países del mundo son economías mixtas; es decir, poseen rasgos de sistemas con fuerte intervención del Estado y características de economías desreguladas (Cuba y Vietnam, también). Los políticos inteligentes y responsables suelen ser flexibles y saben que han de aplicar indistintamente políticas de izquierdas y de derechas para que la economía funcione. No confundan esta ductilidad con el “gato blanco o negro” de Felipe González. Los proyectos de González, Carlos Andrés Pérez, Bettino Craxi, Gerhard Schröeder y Tony Blair constituyen la mayor estafa de la historia política de Europa y América: políticos elegidos (contratados) para construir proyectos socialdemócratas, que terminaron por implantar sistemas neoliberales y desregulados que desembocaron en sociedades más desiguales e injustas. Me sentí horrorizado cuando asistí al debate entre Milei y Massa hace una semana porque el ya vencedor de los comicios argentinos no defendió los postulados económicos en los que cree como si fueran la opción más viable, sino como un catecismo que excluye por completo el resto de alternativas. ¿Recuerdan esa estúpida y delirante fe de Pablo Casado cuando hablaba de las bondades de la desregulación como si esta condujera de forma ineludible al progreso y la riqueza? Pues en los mismos términos se expresó Milei hace unos días en la televisión argentina con el fin de defender sus descabelladas propuestas.
El único proyecto de la historia de América que resultó tan rupturista como el que Milei propone fue el de Chile en 1973 que, tras el golpe de Estado de Pinochet, pasó de ser una economía regulada en la que los beneficios de la principal riqueza nacional, el cobre, eran para los chilenos a una economía en la que se impuso el neoliberalismo más salvaje. Y todo esto se hizo por la fuerza de las armas. Son lecciones de la historia que conviene no olvidar. Desde 1905, los principales yacimientos de cobre del país austral habían sido explotados por empresas estadounidenses. Durante el siglo XX, siempre que los empresarios y banqueros de Estados Unidos veían algún obstáculo a su dominio en América Latina, alzaban sus ojos al poder imperial implorando su intervención. Por eso no es extraño que proyectos como el de Allende fueran aplastados sin contemplaciones a través de la CIA y la USAID, que se encargaron de financiar a los grupos extremistas de derechas en todo el continente. Lo cierto es que fue el democristiano chileno Eduardo Frei Montalva, uno de esos hombres ejemplares que ha dado la política de América Latina, quien nacionalizó el cobre de forma parcial por medio de dos operaciones sucesivas, en 1965 y 1969, que culminaron el 11 de julio de 1971, cuando el Parlamento aprobó por unanimidad la nacionalización del mineral mediante la Ley Nº17.450, ya en el mandato de Salvador Allende. La propuesta de estatalizar el cobre no tenía un carácter ideológico, formaba parte de la estrategia nacional chilena y también se hallaba recogida en el programa electoral del candidato democristiano, Radomiro Tomic, que se enfrentó a Allende en las elecciones de 1970.
Volviendo a Milei: el principal problema de Argentina es la corrupción y la total ineficacia de la gestión política, no el sistema económico en sí, a diferencia de Venezuela, una economía enormemente expuesta a las fluctuaciones del precio del crudo, puesto que casi el 98% de los ingresos procedentes de la exportación están vinculados de una u otra forma al petróleo. Argentina no necesita una revolución de la magnitud que Milei propone, pero ya es tarde para llamar la atención sobre ello. Hablemos de la guerra cultural: esa glorificación de la libertad que el nuevo presidente argentino, Isabel Díaz Ayuso o Esperanza Aguirre defienden crea un falso debate trufado de argumentos engañosos. Defender la desregulación de la economía supone entrar en una discusión técnica, no filosófica, que es lo que sucede cuando hablamos de libertad. Promover una economía sin controles en un mundo de empresas desmesuradamente grandes y Estados cada vez más pequeños dará lugar a una sociedad en la que los gobiernos no dispondrán de las herramientas y organismos con la capacidad de corregir o mitigar las desigualdades inherentes al sistema capitalista, pero en ningún caso generará más libertad. En cualquier país moderno es perfectamente compatible que la libertad esté garantizada en todos los órdenes y que las empresas cumplan la legislación. No son objetivos que se excluyan mutuamente. Noruega es un país en el que las corporaciones están sujetas a grandes controles, mientras que Bangladesh es una nación en la que se permite el trabajo esclavo, y no por ello es un país más libre que el primero, más bien al contrario: la pobreza extrema acaba generando una merma de libertad en los individuos, que se ven obligados a aceptar las peores formas de explotación para sobrevivir, algo que ni se plantearían si vivieran en países más igualitarios y respetuosos con los derechos laborales y humanos. Es sencillamente increíble que una persona como Isabel Díaz Ayuso, incapaz de encadenar tres frases gramaticalmente bien construidas, esté marcando la agenda de la derecha de un país avanzado como el nuestro, defendiendo la supresión de la regulación y los impuestos como únicas propuestas económicas, como si estas medidas fueran una forma de progreso. Al poder neoliberal le encanta ese discurso solemne que defiende “el valor supremo del individuo por encima de todo”, una forma de ensalzar la libertad y de justificar a la vez su aversión por el poder regulador del Estado. Lo que nunca dicen es que el individuo se encuentra absolutamente indefenso e impotente ante las gigantescas fuerzas de los grandes emporios económicos que gobiernan el mundo.
No es difícil ponerse en la piel de los argentinos: escépticos, desengañados y hastiados después de décadas de corrupción, crisis económicas sucesivas y tasas de desigualdad que no cesan de aumentar, pero creo que han tomado el peor atajo, que los conducirá a una vía muerta. Otra más en la infausta historia de Argentina. El único camino para que Argentina se convierta en una sociedad más próspera es aumentar las inversiones en educación, cultura, ciencia e innovación, y mejorar los procedimientos de control y transparencia. Entregar un país tan desigual a personas que hacen gala de su desprecio por lo público y que no conocen los rudimentos básicos por los que se rige el Estado es un suicidio. Los gobiernos han de dar respuesta a los problemas de los ciudadanos, de lo contrario, existe la posibilidad de que aparezcan figuras populistas como Milei. En un pasado no tan lejano, y esta es una de las grandes diferencias entre el siglo XX y el XXI, políticos de la peor categoría, como Trump o Bolsonaro, necesitaban de manera imprescindible de la fuerza de las armas para alcanzar el poder, mientras que ahora llegan al gobierno con nuestros votos.
