La habilidad de sorber y soplar al mismo tiempo aún no ha sido desarrollada por el ser humano, aunque haya muchos que se empeñen en alabar sus virtudes dando por válida su existencia sin más. El Gobierno andaluz de Juan Manuel Moreno Bonilla impulsó en febrero de 2021 la creación en Andalucía de una Oficina Andaluza Antifraude “para limpiar el nombre de Andalucía” tras el rastro dejado por el caso de los ERE irregulares durante la etapa socialista. Ese objetivo lo impuso el entonces vicepresidente primero del ejecutivo andaluz y también líder autonómico del hoy moribundo Ciudadanos, Juan Marín, actualmente presidente del Consejo Económico y Social de Andalucía, elegido a dedo por el propio presidente Moreno Bonilla con un sueldo asignado de 65.000 euros anuales.
Tres años después, la labor de esta Oficina Andaluza Antifraude arroja unos más que preocupantes datos, que constatan un aumento del 1.300% las denuncias sobre fraude, corrupción y conflictos de intereses en la comunidad autónoma. Tanto es así que este 2024 va camino de pulverizar los récords consecutivos de estos tres años precedentes, ya que en menos de un trimestre, de enero a lo que va transcurrido de marzo de este año, se han superado las 240 denuncias, lo que duplicaría los registros de 2023 (cuando se registraron un total de 464 denuncias, según la memoria anal de la institución) y elevaría a priori las denuncias por encima del millar a finales de este 2024.
La Oficina Andaluza Antifraude, que Moreno Bonilla creó “para limpiar el nombre de Andalucía”, registra un aumento del 1.300 % de las denuncias de corrupción desde 2021
Uno de los casos más llamativos estudiados por esta institución, que sigue alabando a día de hoy el ejecutivo de Moreno Bonilla pese a que otros gobiernos autonómicos del PP como el de Baleares han anunciado su cierre inminente, es el del actual director general de Pesca y Acuicultura de la Junta, José Manuel Martínez Malía. La Oficina Andaluza Antifraude determinó el pasado enero que existen indicios de incompatibilidad por compaginar su condición de alto cargo de la administración andaluza con la de apoderado de una empresa pesquera en la que estaban empleados sus hermanos y no inhibirse en su momento en los procedimientos de ayudas a la misma, como determinó en un informe la propia entidad impulsada por el ejecutivo de Moreno Bonilla para luchar contra el fraude en Andalucía.
Esta Oficina Andaluza Antifraude decidió incoar un procedimiento para “depurar las posibles irregularidades” aunque al mismo tiempo ya subrayó que éstas son “de menor entidad atendidas las circunstancias de inexistencia de daño a las arcas públicas y de subsanación posterior a instancias del afectado”. A esto último se aferra el ejecutivo andaluz para dejar la denuncia que en su día impulsó el Grupo Parlamentario Socialista en un simple conflicto administrativo porque no ha afectado a priori a las arcas públicas.
El BOJA recoge la incompatibilidad del alto cargo
El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) publica precisamente este mismo miércoles 27 de marzo la incompatibilidad detectada de este alto cargo del ejecutivo de Moreno Bonilla. La Oficina Antifraude ordena la publicación en el BOJA de la “declaración de incumplimiento” de este alto cargo de la Consejería de Agricultura y Pesca “en virtud del artículo 16.1 de la Ley 3/2005 de 8 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de Andalucía”.
Lejos de impulsar una investigación parlamentaria, el PP de Moreno Bonilla frenó en enero cualquier posibilidad en este sentido, al hacer valer su mayoría absoluta en la Cámara autonómica y rechazar la comparecencia extraordinaria de la consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo rural, Carmen Crespo, solicitada por los tres grupos de la izquierda, el Socialista, Por Andalucía y Grupo Mixto-Adelante Andalucía. Vox se abstuvo en la votación de la Diputación Permanente del Parlamento y el PP votó en contra.
Pese a ello, el PP andaluz, al contrario que hacen sus compañeros en otras comunidades como Baleares, sigue alabando actualmente la gestión y actuaciones de la Oficina Andaluza Antifraude que el propio ejecutivo de Moreno Bonilla impulsó hace tres años para borrar cualquier rastro de corrupción y malas prácticas. El diputado popular Mariano García Castillo ensalzó hace solo unos días en sede parlamentaria, el pasado 20 de marzo, el “magnífico trabajo que está desarrollando” esta institución, “un trabajo ímprobo”, recalcó. En sus alabanzas a esta entidad no se quedó solo el PP andaluz ya que también Vox ha ensalzado la labor de la Oficina andaluza Antifraude, a diferencia de lo que sucede en Baleares, donde precisamente han sido PP y los ultraderechistas los que han votado para promover el cierre de la Oficina Anticorrupción, que se creó en 2016 a instancias de Podemos y apoyada por sus socios del Govern balear, PSIB-PSOE y los ecosoberanistas de MÉS.
Es exactamente la definición de corrupción institucional, Al más puro estilo PP en la quinta esencia del pasotismo y la falta de respeto a los ciudadanos y a los órganos de justicia, quienes al parecer no se ven muy agraviados, España; what’s eles?