La cadena SER ha publicado un artículo Fiscalía investiga al centro de discapacidad del Cabildo de Gran Canaria en Telde tras las denuncias por falta de higiene y golpes | Actualidad | Cadena SER y a emitido una entrevista que, mientras la escuchaba, me sentía cada vez más indignada con todos los actuantes que han llegado a permitir tal situación de desamparo, negligencia, mala praxis, dejadez…
La discapacidad es un colectivo olvidado, segregado, explotado… formado por personas que, por nuestras particularidades, nos hacen ser muy vulnerables, en especial aquellas personas que tienen una discapacidad intelectual, como en este caso, que, no pueden defenderse por sí mismos debido al tipo de discapacidad que tienen.
La Fiscalía está investigando al Centro de Discapacidad gestionado por el Cabildo de Gran Canaria junto con una empresa concesionaria perteneciente al Grupo SICO, anteriormente CLECE era la empresa concesionaria de ofrecer servicio a las personas que acuden al mismo.
Se trata de un centro de atención a personas con discapacidad intelectual conocido como San José de Longueras. La fiscalía ha recibido denuncias de diversos familiares ya que este centro carece de una higiene adecuada además de que las personas que acuden al mismo reciben golpes llegando a producirles diversos tipos de laceraciones, hematomas, rotura de algún hueso, acuden a casa con la ropa hecha jirones, las sillas de ruedas y las gafas rotas, las prendas íntimas con orín y sin limpiar, en el centro no les permiten que se laven la boca, como tampoco asistir al baño, los cuidadores brillan por su ausencia, pero con el equipo multidisciplinar ¿qué sucede, no actúa?…A todo esto debemos añadir que la dirección del centro ha informado a las familias que a partir de este momento los usuarios de las instalaciones beberán agua del grifo y no agua embotellada, como si sucede en las demás residencias de la isla, ¿por qué?. También es conocido por los familiares de este tipo de centros que las personas asistentes en ocasiones son atadas o bien son sobremedicados “para que no molesten”.
Este problema no es un caso aislado, es algo que por desgracia ocurre en la mayoría de las residencias, las cuales carecen de personal y los que están prestando sus servicios cobran muy poco, y están desarrollando un trabajo muy duro. Un gran dependiente le cuesta al Estado 4.000 € mensuales por persona ¿Dónde va ese dinero si no tienen personal suficiente y adecuado? Otro problema muy importante es que los familiares no se atreven a denunciar porque existe mucho miedo a represalias algo que ya a sucedido en alguna ocasión.
Esta actitud y comportamiento no podemos tolerarlo ni permitirlo bajo ninguna circunstancia, hablamos de personas, no objetos, estamos hablando de una dejadez total y absoluta por parte de la empresa que gestiona este tipo de instalaciones y… del Cabildo… ¿es normal que las inspecciones en la mayoría de las ocasiones, se avisen de cuando se van a realizar? Desde mi humilde punto de vista NO, no se deben de avisar bajo ningún concepto, el número de inspecciones realizadas es una mensual cuando deberían de ser varias y de manera aleatoria, claro así, el Cabildo no puede detectar ninguna irregularidad, como así ha declarado públicamente, no hay que ser Einstein para darse cuenta de que, si avisas de que va a acudir un inspector, jamás encontrará ninguna irregularidad.
También nos preguntamos, cómo es posible que los trabajadores no hayan realizado ningún tipo de denuncia a la inspección de trabajo, si es por miedo a represalias, estas denuncias son anónimas, o se podían haber tomado otras medidas, como informar a los familiares de la situación.
Se ha comprobado que la prestación de los servicios esenciales, tales como terapias, rehabilitación, ayuda a domicilio, vida independiente, asistencia en centros destinados a las personas con discapacidad (PCD) deben de estar incluidos SI o SI en el pilar del Estado del Bienestar correspondiendo a las Administraciones Públicas, NO SE PUEDE PRIVATIZAR LO ESENCIAL, las empresas privadas NO DEBEN ASUMIR estos servicios, ellas siempre PRIORIZARÁN el dinero a la Salud y bienestar de los usuarios que atienden haciendo negocio con las PCD.
A raíz de esta denuncia se han producido otras más por diversas irregularidades en otras residencias del archipiélago como es una familia de San Bartolomé de Tirajana, un usuario del centro El Tablero fue presuntamente agredido hace unas semanas necesitando por ello atención hospitalaria, otro centro gestionado por el Cabildo Insular. Otro caso acontecido en el centro de Atención a Personas con Discapacidad de San José de Las Longueras conocido como Telde también está siendo investigado por la Fiscalía y, en el centro de Atención a personas con Discapacidad de El Tablero de Maspalomas, otra familia de un usuario alerta de las agresiones sufridas por su hermano ocasionadas por otro interno del centro.
Con estas noticias, y seguro que existirán otras más, que desconocemos, solo nos queda preguntarnos ¿el Cabildo insular está realizando bien su trabajo de control a estos centros? Y ¿existirá algún tipo de contacto, económico o de otra índole entre las residencias y el Cabildo?
