No nos olvidemos de Pablo González

El periodista español Pablo González lleva más de año y medio en la cárcel polaca de Rzeszów donde, en principio, se dijo que sólo permanecería “unos tres meses” y va camino de los dos años. Fue detenido el 28 de febrero de 2022 en Przemyśl (Polonia) mientras cubría informativamente el éxodo de refugiados ucranianos. Lo insólito fue cuando se empezaron a conocer las acusaciones que pesan sobre él. Se dice que pertenece a la  Dirección Principal de Inteligencia del Estado Mayor General de la Federación Rusa (GRU), en otras palabras, el servicio de espionaje de Putin. El gobierno polaco, (recordemos que Polonia es un país que pertenece a la Unión Europea y González es un ciudadano europeo), le acusa de valerse de su doble nacionalidad hispano-rusa para efectuar informes sobre Ucrania que el Kremlin le paga por ellos. Dicen tener pruebas de movimientos bancarios cuyo origen es Moscú que el periodista justifica por una razón: su padre es ruso, reside en la capital y debido a que la economía de la familia de su hijo no anda muy boyante le envía cantidades de dinero. Todo eso se debería de haber manifestado en un juicio que no se ha celebrado y que no parece esté previsto al menos a corto plazo.  Y no es que la justicia polaca sea lenta como la española. Se desconocen los retrasos. Pero su abogado, Gonzalo Boyé, se teme que hay un trasfondo en todo este asunto que impide la aclaración de la situación del periodista que su único delito “es escribir crónicas para Gara”, el periódico del soberanismo vasco.

Se ha podido saber que, en la prisión donde se encuentra, Pablo González ocupa una habitación de dimensiones minúsculas que apenas tiene luz natural. La ventana al exterior es pequeña. Sólo se le deja salir al patio una hora al día, aunque el trato con los funcionarios del centro es, al parecer, correcto. El periodista ha podido recibir la visita de su mujer dos veces en el tiempo que lleva detenido. Su abogado, Gonzalo Boyé, ha tenido y tiene muchas dificultades para poder despachar con su defendido y sólo el cónsul español es el que le puede visitar con mayor frecuencia y a través de él se sabe que está bien. Que lo único que echa de menos es la comunicación: poder hablar con su familia es su mayor deseo. Las autoridades polacas respetan al “espía” González, pero son inflexibles con su estricto régimen carcelario.

Los portavoces polacos sólo dicen que a Pablo González se le acusa de «actividades de espionaje en Varsovia, Przemyśl, Medyka y otras ciudades de la República de Polonia, así como en Ucrania y otros países», sin concretar las pruebas que tienen. Una publicación rusa dice que las autoridades polacas se han hecho con dispositivos del ordenador del reportero donde constan informes sobre Zhanna Nemtsova, hija del opositor ruso Boris Nemtsov, asesinado en Moscú en 2015, y sobre personas del entorno de la fundación que ella misma impulsó en honor a su padre. Esta información ni ha sido confirmada ni desmentida.

El ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, dice que las acusaciones que pesan sobre el periodista “son muy graves”. Insinúa que hay aspectos de sus actividades que no se pueden conocer de momento. Pero se contradice cuando, al mismo tiempo, señala que lo que sabe es lo que se ha dicho en la prensa. Nadie ha justificado el interrogatorio que miembros del servicio de espionaje español, el CNI, llevaron a cabo a los familiares. Ni en Varsovia ni en Madrid. Hay mutismo absoluto. Después de un año y medio y sin saber cuales han sido las actuaciones judiciales. Lo que sí se sabe es que algunas de ellas se llevaron a cabo sin la presencia de abogado ya que los letrados de oficio designados se negaron a hacerse cargo de este caso y a Gonzalo Boyé se le negó la acreditación a pesar de que presentó toda la documentación requerida para poder oficiar en un país, por cierto, en el que está en cuestión el respeto a los derechos humanos.

Pero lo peor es que todo el mundo parece olvidar este inaudito caso. Polonia, un país de la Unión Europea, con un gobierno próximo a la extrema derecha, que ha sido advertido en varias ocasiones por no respetar los principios de separación de poderes, mantiene en la cárcel sin juicio ni acusación oficial, a un periodista español que permanece prácticamente incomunicado durante todo el día. Y así lleva 19 meses. Hay que tener una gran fortaleza mental para aguantar semejante presión. Y todo por su doble nacionalidad y por haber recibido dinero de su padre, un ciudadano ruso que le transfiere cantidades desde un banco de Moscú. Porque, que se sepa hasta ahora, nadie ha dado a conocer un sólo informe que pueda comprometer ni la seguridad ucraniana ni la de la OTAN ni la europea. Los reportajes enviados a la prensa española que le mal paga como FreeLancer hablan de la situación de Ucrania, de los movimientos de refugiados. Sólo tuvo un roce con las autoridades de Kiev. Le llamaron del servicio de inteligencia, el SBU, para que se presentara en sus dependencias de la capital ucrania. Allí le interrogaron durante cuatro horas y es la primera vez que le acusaron de ser un espía ruso. La justificación fue el contenido de las crónicas que escribe para el diario Gara y la tarjeta bancaria de la Caja Laboral Kutxa. Al final le pusieron en libertad. Él y su compañero y amigo, el fotoperiodista Juan Teixeira, decidieron, visto cómo se estaban poniendo las cosas, marchar a la frontera polaca para informar del éxodo de ciudadanos hacia Europa. Y ahí empezó este infierno para Pablo González.

Salvo las confusas declaraciones de José Manuel Albares, el gobierno español no se ha pronunciado sobre esta situación. Sólo el presidente Pedro Sánchez ha mostrado “su preocupación” en alguna ocasión, sin dar más detalles. Se dice que está siendo asistido permanentemente por la embajada y el consulado cuyos representantes mantienen contactos periódicos con el recluso.

Si se leen sus crónicas y escritos en las redes sociales, de lo único que se puede acusar a Pablo González es de su militancia pacifista. Se muestra radicalmente contrario a la guerra. Incluso desaprueba la invasión de Rusia y rechaza la política de Putin. No parece que esta actitud sea la de un agente de un servicio de espionaje.