Las Federaciones de Consumidores CECU/FACU defienden que las reivindicaciones del campo deben vincularse a políticas alimentarias justas.
Consideran que las partes deben promover una producción más saludable y sostenible a la vez que unas relaciones comerciales justas con el agricultor en el marco del Pacto Verde europeo.
Las Federaciones de Consumidores y Usuarios, CECU/FACU, reclaman una política alimentaria más saludable y sostenible en la línea que marca el Pacto Verde europeo para dar una respuesta eficaz a las movilizaciones agrarias y garantizar una alimentación adecuada a todas las personas. La organización pide a las partes amplitud de miras para abordar todas las vertientes de un problema en el que las reivindicaciones de los agricultores son la punta del iceberg de un problema poliédrico.
CECU/FACU apoyan las demandas de los agricultores que persiguen unas relaciones comerciales y económicas más justas, de manera que no se les pague por debajo los precios de producción, y se acabe con el sonrojante abismo que existe entre lo que paga el consumidor y los precios que se abonan al agricultor, explica Laureano Garín, representante de la Federación Aragonesa de Consumidores y Usuarios, FACU, entidad asociada a CECU.
En la misma línea, considera imprescindible incrementar la transparencia de todos los procesos de la cadena alimenticia; poner fin a la competencia desleal que representa la adquisición de productos a terceros con menos garantías y exigencias que las decretadas en la UE e incrementar las sanciones a todos los comportamientos fraudulentos.
Sin embargo, y a pesar del apoyo explícito a las principales reivindicaciones del campo, las dos federaciones recuerdan que no se puede avanzar en la búsqueda de soluciones al margen del Pacto Verde Europeo y de la PAC, y defienden que la Estrategia de la Granja a la Mesa es el camino a seguir para una transición de nuestro sistema alimentario a uno más sostenible y resiliente al cambio climático.
CECU-FACU defienden que es preciso hacer un análisis más amplio de las quejas del campo que permita respuestas más allá de las que tienen una relación directa con los costes de producción. “Hay que aprovechar este momento para dar un salto en los conceptos y favorecer una alimentación sana, accesible a toda la población, basada en una dieta equilibrada, con alimentos de temporada y de proximidad, producidos de manera más sostenible”, explica Garín.
Por lo tanto, queda por delante un doble camino en el que las políticas públicas españolas y europeas, deben favorecer unas condiciones justas para el agricultor, que le permitan seguir vinculado a la tierra, garantizando el relevo generacional, y, por otra parte, avanzar en la transición a una alimentación más sana y sostenible, que cuide a los consumidores y garantice la viabilidad de los territorios.
