En los últimos años en Europa ha habido una oleada de reclamaciones ante tribunales nacionales pidiendo -y logrando- “la efectiva aplicación de la normativa de lucha contra el cambio climático, así como la adopción de medidas más ambiciosas para la consecución de los objetivos climáticos fijados a nivel internacional”, explica Carmen Plaza, profesora de Derecho Administrativo y de la UE de la Universidad de Castilla-La Mancha.
Algunos de los casos más sonados han sido el caso Urgenda, en el que el Tribunal Supremo de Holanda juzgó en 2019 al gobierno de aquel país por las emisiones de gases de efecto invernadero y le obligó a reducirlas, o el caso Neubauer, por el que el Tribunal Constitucional de Alemania obligó al Gobierno a modificar sustancialmente la Ley Climática aprobada en 2019.
En España, explica, solo hay un caso que puede ser considerado stricto sensu como litigio climático, y todavía está sub júdice. Se trata de la acción interpuesta por Greenpeace, Oxfam Intermon y Ecologistas en Acción contra el Gobierno por no haber aprobado en la fecha debida el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Además, también solicitan que el Ejecutivo adopte medidas para cumplir con el Acuerdo de París.
“Es el primero, y seguramente no el último, litigio climático que tenemos en España. Y seguramente marque la tendencia en nuestro ordenamiento”, señala. El caso se interpuso en 2020. Y es que “los litigios climáticos son algo realmente reciente en Europa”, explica.
Sí ha habido, señala, otros casos y sentencias que “abordan medidas que influyen en el cambio climático pero que no pueden considerarse litigios climáticos, porque no se han interpuesto para luchar contra el cambio climático”, sino por cuestiones procedimentales o de conflictos de competencias. Cita, por ejemplo, las decisiones sobre las zonas de bajas emisiones municipales como Madrid o Barcelona. O la declaración de inconstitucionalidad de algunas disposiciones de la Ley de Cambio Climático de Cataluña, por un problema de competencias.
Pero este tipo de litigios, añade Plaza, no se han quedado solo en los tribunales nacionales y han llegado incluso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
En España, sin embargo, “todavía no ha habido ninguna resolución especialmente significativa en este ámbito”, explica, pero cree que las que se produzcan seguirán la línea de las que ha habido en Europa.
Son diversos los tipos de litigios climáticos: desde demandas contra las administraciones o el legislador exigiendo medidas más ambiciosas de reducción de los gases de efecto invernadero hasta la protección efectiva de los derechos fundamentales que pueden verse afectados por fenómenos climáticos extremos asociados al incremento de estos gases.
Plaza participará en Aula Abogacía, el I Encuentro Nacional de Estudios y Diálogos Jurídicos, organizado por la Abogacía Española que tendrá lugar en Madrid el 22 y 23 de noviembre, donde hablará sobre “Litigación climática en la Unión Europea y en sus Estados miembros” centrada en el ámbito público.
Examinará, asimismo, el papel de la ciencia, de ciudadanos y ONGs y de los derechos humanos en la lucha contra el cambio climático.
Aula Abogacía contará con más de 80 ponentes y un completo programa que analizará las últimas novedades jurisprudenciales y las cuestiones más candentes en las áreas de mercantil y concursal, procesal, civil, penal, laboral y contencioso administrativo.
