Mascarillas, una epidemia de corrupción (II): de la fruta de Ayuso a Koldo García

en febrero de 2022, el entonces líder del Partido Popular, Pablo Casado, harto de las intromisiones y del pulso político que le estaba echando la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se fue directamente a la cadena Cope para denunciarla públicamente ante los micrófonos por encubrir a su hermano, uno de los supuestos agraciados por el lucrativo negocio de las mascarillas. Justo es reconocer que Casado le echó valor a la cosa cuando decidió coger aquel toro por los cuernos y preguntarle retóricamente al presentador Carlos Herrera si le parecía lógico que la lideresa hubiese adjudicado a su familiar un negocio sanitario, con comisión de 286.000 euros incluida, cuando en España morían 700 personas a diario por el agente patógeno. Fue un desafío público en toda regla a su adversaria que iba a abrir una cruenta batalla no solo en el seno del principal partido conservador, sino también, con el tiempo, en el PSOE.

De entrada, aquella entrevista en la emisora de los obispos ya sabemos cómo acabó: con miles de madrileños pidiendo la cabeza de Casado y gritando “Ayuso, Ayuso” a las puertas de la sede del partido en Génova 13. Probablemente, a esta hora el exdirigente popular todavía siga preguntándose por qué demonios no se quedó quieto y callado, ya que el órdago contra su rival por la hegemonía y el poder en la derecha española le salió más que caro. Sin duda, Casado jamás llegó a pensar que en lugar de terminar consolidándose como un adalid contra la corrupción, un paladín por la regeneración, un héroe nacional (a fin de cuentas, todo denunciante de corrupción lo es) terminaría como el villano de la película y de paso expulsado, depuesto y defenestrado por la directiva nacional sin solución de continuidad ni derecho a recurso alguno. A Casado lo pusieron de patitas en la calle, como suele decirse coloquialmente, por meter las narices donde no le llamaban, constatando él mismo, en sus propias carnes, cómo se las gasta la mafia española, que haberla hayla, como las meigas.

Era la primera vez que un político del PP denunciaba la corrupción interna de su partido y quizá sea también la última (probablemente no lo volvamos a ver más, el mensaje a navegantes o aviso contra quienes se atrevan a airear los trapos sucios ha quedado meridianamente claro). En el PP, quien se atreve a romper la omertá, el silencio de la Famiglia, lo paga caro. Sea como fuere, el arriesgado paso de Casado (más bien suicida) desató una guerra a muerte entre familias genovesas de la que, una vez más, salió triunfante el ayusismo. Después de aquella sangría, un pacificador tuvo que desplazarse con urgencia a Madrid, desde las lejanas tierras gallegas, para poner orden en el corral y tratar de bajarle los humos a la lideresa, aunque esto no lo haya conseguido Feijóo en ningún momento, ya que ella sigue siendo un verso suelto y conspira, hace, deshace, pincha y corta cuándo y cómo le viene en gana.

Finalmente, la tajada del hermanísimo en forma de comisión quedó en nada, ya que ni la Fiscalía europea ni la española vieron irregularidades en aquella operación, de lo cual presume Ayuso pese a la inmoralidad del enjuague. Se echó tierra encima, consumándose el fraude, y aquí paz y después gloria. Una vez más, la presidenta madrileña quedaba como la mártir de la historia, la víctima de una gran conspiración de la izquierda comunista y bolivariana, un papel que se le da a la perfección, no en vano le ha granjeado gran popularidad y victorias electorales. “Han linchado a mi hermano. Me disculpo con los míos por ser política”, llegó a decir con ese tono de abnegada y sacrificada madona casta y pura.

En aquellos días, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, olió el rastro de la sangre emanado de las reyertas intestinas entre familias populares y decidió entrar a saco en la guerra sin reparar en que todo aquel que se mete con la Ayuso sale escaldado, corneado, herido o lo que es peor: fiambre. Durante una sesión parlamentaria en el Congreso de los Diputados, al premier se le ocurrió afearle a Feijóo el turbio caso del hermanísimo de la lideresa y Díaz Ayuso, desde el gallinero donde se encontraba cómodamente aposentada, dio un respingo y le respondió altanera y airada con un barriobajero “qué hijo de puta”, una grosería que fue clara y nítidamente captada por las cámaras de televisión encargadas de retransmitir el Pleno. La presidenta, con su habitual gracejo castizo, siempre ha negado ese exabrupto contra Sánchez, aclarando que nunca dijo “qué hijo de puta”, sino “me gusta la fruta”. En realidad, fue una boutade más dentro de su amplio repertorio de salidas de tono, una parida o estupidez como otras muchas que acostumbra a soltar en la Asamblea regional o en los canutazos con los periodistas, pero el pueblo de Madrid se lo compra todo a la diva y aquella frase pasó a la historia como gran epítome del ayusismo. Sánchez no sabía dónde se había metido. Estaba sentenciado. Ayuso, una especie de Pandora poseída por una ira incontenible que ni la niña del exorcista, le había echado las cruces al presidente del Gobierno, anunciando terribles cataclismos y calamidades para la familia socialista que no tardarían en llegar. Liquidado Casado, reforzada en su puesto por Feijóo, ya solo le quedaba poner en marcha el socorrido ventilador y consumar la venganza contra la oposición política. Una vendetta que iba a llegar en forma de querellas y dosieres comprometedores que terminaron en las redacciones de los periódicos de la caverna digital. Nada es casual, y mucho menos en política.

Sin duda, la presidenta de Madrid había dado a sus ayudantes y colaboradores más estrechos la orden de poner en marcha la máquina del fango. Si querían desacreditarla y hundirla a cuenta de las mascarillas, se iban a enterar los promotores del complot contra ella y su familia. Si querían guerra, la iban a tener. Y el desquite no tardó en llegar. Días después de la famosa trifulca en el Congreso a cuenta del episodio de “la fruta”, el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, recordaba en un programa de televisión que en marzo de 2022 habían llevado a la Fiscalía Anticorrupción 12 contratos de compra de material sanitario por parte del Gobierno central para varias instituciones gobernadas por el PSOE. “Parece que no íbamos muy desencaminados”, se jactó Serrano en las redes sociales. En efecto, en esos días los periódicos empezaron a publicar que la Guardia Civil y un juez de Plaza de Castilla andaban detrás de Soluciones de Gestión, la empresa tapadera de una compleja trama corrupta formada por personas del entorno del partido socialista que habían hecho de la pandemia un negocio tan suculento como redondo y lucrativo. Había estallado el caso Koldo. Sánchez, el presidente que llegó a la Moncloa gracias a una moción de censura contra Rajoy por graves asuntos de corrupción y que hasta ahora presumía de un PSOE limpio de polvo y paja, tenía una seria avería en la sala de máquinas.

El Roldán del sanchismo

Cuando todo el mundo miraba hacia el PP por la buena estrella del hermano de Ayuso, agraciado con la suerte de los contratos, el bumerán se volvió contra Moncloa. La Unidad Operativa Central (UCO) de la Guardia Civil desplegaba la Operación Delorme –en honor al médico francés Charles de Lorme, pionero en el uso de la mascarilla para evitar la transmisión de enfermedades–, un sumario que la prensa ha bautizado después como caso Koldo, en honor a Koldo García Izaguirre (asesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos), que según todos los indicios diseñó una compleja trama de comisiones por la compraventa de las consabidas mascarillas. El aspecto físico de Koldo, su talle corpulento que nunca pasa desapercibido (lo que viene siendo un armario ropero de dos por dos), su cabeza rasurada y su perilla, junto a sus gafas de sol oscuras propias de un personaje de Scorsese dispuesto a hacer papilla a alguien, nos volvió a recordar a aquel Luis Roldán de otros tiempos, el director general de la Guardia Civil que protagonizó uno de los escándalos más sonados del felipismo. Al bueno de Koldo, “el último aizkolari socialista”, “uno de los gigantes de la militancia en tierras navarras”, “un referente político en la lucha contra los efectos de la crisis y las políticas de la derecha” y “un titán contra los desahucios”, tal como lo describió erráticamente Pedro Sánchez, siempre se le veía, en cada acto oficial, guardando las espaldas de Ábalos. Fuese a donde fuese el ministro, era como su sombra. Ahora sabemos que el que fuera portero del pamplonica club de alterne Rosalex no estaba junto al ministro solo por fidelidad, lealtad y amistad, sino también porque se llevaba su parte, la que daba el secreto negocio del silencio y la boca bien cerrada con el bozal de la mascarilla.

Nacido en la localidad vizcaína de Baracaldo en 1970, Koldo García quiso ser guardia civil, pero sus antecedentes penales se lo impidieron. En 1995 fue condenado a 2 años, cuatro meses y un día de cárcel y al pago de 626.000 pesetas por una paliza a un vecino del Valle de Aranguren. Fue en sus años de vigilante de seguridad en el vertedero de Góngora. Algo más tarde, sería indultado por el Gobierno de José María Aznar, pero en 2011 volvió a las andadas al ser condenado por una pelea en la que resultó herido un joven abertzale de 16 años que llevaba puesta una camiseta con el eslogan “Independentzia”. Castigado una vez más, en esta ocasión a pagar una multa de 900 euros, decidió pasarse a la política. Su currículum como bronquista y portero del Rosalex debió haberle inhabilitado definitivamente para entrar a formar parte, no ya del círculo de confianza de todo un ministro, sino para cualquier tipo de trabajo relacionado con la función pública. Sin embargo, Santos Cerdán, el negociador con los independentistas de Carles Puigdemont para la formación de Gobierno, vio cualidades en él que nadie más veía y pensó que podía ser una persona apta para el trabajo. No en vano, lo recomendó como escolta del sindicalista Nicolás Redondo.

Con el tiempo, Koldo García se convertiría en el “chico para todo” del sanchismo. En las primarias que llevaron a Pedro Sánchez a la cúpula de poder del PSOE, se comportó como el lacayo más diligente y eficaz. Así lo cuenta el propio presidente del Gobierno en su libro Manual de resistencia, donde recuerda con nostalgia y gratitud cómo el obediente Koldo fue el encargado de custodiarle los 57.000 avales que había recogido para aspirar a ser el futuro candidato a secretario general del partido. Cuentan que fue tan disciplinado el aizkolari que no se separó de las papeletas ni un solo minuto en toda la noche, ni siquiera para ir al baño a hacer sus necesidades. Cualquier cosa por llegar arriba, así se le rompiera la vejiga.

Obviamente, con tanta heroicidad terminó ganándose a pulso el título de gran fontanero de Ferraz. Por los servicios prestados, ya en 2018, Koldo García comenzó a trabajar como chófer personal y escolta de Ábalos, por aquel entonces secretario de Organización del PSOE. Cuando el político valenciano llegó a ministro, se llevó consigo a su guardaespaldas más leal. Tanto confiaba Ábalos en su mano derecha, que lo nombró consejero de Renfe Mercancías y vocal del Consejo Rector de Puertos del Estado, pese a que probablemente no sabía lo que era un tren y de barcos andaba más bien pez. Eso sí, su mujer, Patricia Úriz, tuvo la oportunidad de colocarse; concretamente en el puesto de secretaria del Ministerio de Transportes. El nepotismo casi siempre va intrínseco a todo caso de corrupción.

El montante de la estafa del caso Koldo está aún por cuantificar, pero se cree que los integrantes de la red pudieron facturar más de 54 millones de euros. Entre los investigados están, además de Koldo, Víctor de Aldama, empresario y presidente del Zamora CF; los también emprendedores Juan Carlos Cueto e Íñigo Rotaeche; Rogelio Pujalte (propietario del Depósito Judicial de Murcia); y el guardia civil José Luis Rodríguez, entre otros (la redada se saldó con una veintena de detenidos).

La Policía Judicial cree que Koldo García, consejero, asistente y chófer del exministro, en complicidad con otras personas, comisionistas y empresarios, puso en marcha una trama con tintes de organización criminal para enriquecerse con los contratos públicos. La denuncia del Partido Popular de Isabel Díaz Ayuso, más las reclamaciones del abogado aragonés Ramiro Grau –que al sentirse agraviado alertó a Moncloa, por carta y hasta en seis ocasiones, de lo que estaba ocurriendo con Soluciones de Gestión– prendieron la mecha. Posteriormente, las inspecciones de Hacienda ante el incremento patrimonial de los presuntos implicados y la intervención de la Fiscalía Anticorrupción terminaron por destapar este escándalo monumental que ha dejado seriamente tocado al Gobierno Sánchez. El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, se ha hecho cargo de las investigaciones.

Sobre la mesa, al menos 13 contratos a beneficio de Soluciones de Gestión, de los que tres se refirieron a material sanitario por valor de 35 millones de euros para Puertos del Estado, ADIF y la Subdirección General de Gestión Económica y Patrimonial. La operación policial se desencadenó el pasado 21 de febrero, cuando los agentes detuvieron a Koldo García y a los demás implicados. La Guardia Civil cree que el asesor de Ábalos se sirvió de sus influencias y contactos para colocar mascarillas a gran escala, con el correspondiente lucro personal para él y su familia (algunos de sus miembros, como su hermano Joseba, su esposa Patricia y hasta una hija menor de la pareja, de dos años, pudieron ser utilizados como testaferros para ocultar el maná de comisiones en dinero negro que regó a la trama). Hasta donde se sabe, la red ha contaminado a tres ministerios –Interior, Sanidad y Transportes–, y a dos comunidades autónomas gobernadas por el PSOE –Canarias y Baleares–. Por cierto, la actual presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, también ha salido seriamente tocada, ya que fue la responsable última de que Baleares, la comunidad que presidía cuando se produjeron los hechos, contratara con la trama corrupta.

Todo huele mal en este turbulento caso de corrupción. Los agentes han detectado importantes movimientos de capitales y empresas en países extranjeros como Brasil, Luxemburgo y Hong Kong, la ruta del paraíso fiscal que está siendo seguida por los investigadores. Pero lo que realmente puso en alerta a los agentes fue el elevado tren de vida que llevaba el propio Koldo García. Se sabe, porque así lo relata el atestado policial al que ha tenido acceso Diario16, que el asesor de Ábalos obtuvo un notable incremento patrimonial en los últimos años. Así, entre 2020 y 2022, la familia de García adquirió varios inmuebles –en Benidorm, Polop de la Marina (Alicante), Camarena (Toledo) y Huarte (Navarra)–, cuyo valor podría alcanzar un millón y medio de euros. Además, los investigadores han encontrado préstamos hipotecarios e ingresos en efectivo (37.305 en 2019, 75.282 en 2020, 95.033 en 2021 y 88.443 en 2022) que no se corresponden con el sueldo como asesor del ayudante de Ábalos. Si tenemos en cuenta que Koldo García cuadruplicó su dinero en efectivo tras las adjudicaciones de las mascarillas y que su hermano Joseba multiplicó por veintisiete los ingresos en metálico, constataremos el alto nivel de vida de los implicados.

La trama tenía un importante componente familiar (todo quedaba en casa). Así, Aldama, que conoció a Koldo García durante un viaje a México, tiene un hermano policía, Rubén de Aldama, que pudo desempeñar funciones de escolta del ministro, formando parte de su equipo de seguridad. Se cree que Víctor de Aldama andaba por los despachos de Koldo García y del Ministerio de Transportes como Pedro por su casa, casi como un funcionario más, lo que levantó las sospechas de los empleados públicos, que no entendían a qué venía tanto trasiego de empresarios. Era tan descarada su presencia en los pasillos ministeriales, así como la de otros intermediarios y lobistas, que Ábalos tuvo que decirle a su asesor que cortara por lo sano el “pase especial” y prohibiera el vergonzoso zoco, mercadillo y cabildeo con los apetitosos contratos. En cualquier caso, todo este affaire se ha convertido en una patata caliente para el exministro, que ya había salido seriamente tocado del Delcygate, aquel otro sonoro escándalo protagonizado por él mismo y por Delcy Rodríguez, la ministra de la Venezuela de Nicolás Maduro. Cabe recordar que, en la noche del 19 de enero de 2020, Koldo García, fiel a sus tareas de chófer, trasladó al dirigente socialista al aeropuerto Adolfo Suárez para recibir a la vicepresidenta venezolana, una escala que iba a resultar polémica, ya que la emisaria chavista tenía prohibida su entrada en el espacio europeo Schengen en cumplimiento de las sanciones de la UE contra el Gobierno bolivariano. En aquel episodio se habló se una maleta, de espionaje internacional y de otros asuntos turbios no suficientemente aclarados. Cosas sospechosas que terminaron costándole el puesto a Ábalos, ya que Sánchez decidió prescindir de sus servicios a la primera crisis de Gobierno.  

Como también queda pendiente de aclaración otro suceso que se narra en el propio sumario del caso Koldo y que puede afectar seriamente al futuro del presidente Sánchez. Así, el nombre de Víctor de Aldama, en aquellos días asesor del Grupo Globalia –el holding propietario de la aerolínea Air Europa–, sale a relucir en unos audios ciertamente comprometedores para Moncloa. La escena es la siguiente: el 4 de octubre de 2023, entre las 19.30 y las 19.51 horas, Juan Carlos Cueto e Íñigo Rotaeche se ponen en contacto. En el transcurso de la comunicación, el primero informa a su interlocutor de que la Agencia Tributaria ha citado a Aldama para que comparezca ante la Inspección el 18 de octubre y explique ciertas irregularidades fiscales en Soluciones de Gestión. En esa conversación, Cueto manifiesta que la comparecencia ante las autoridades “la tiene que preparar inmediatamente” porque cuando pregunten a Aldama por los contratos “no sabrá ni su contenido”. Además, añade que cuando “el inspector le diga que le niegan todos [se refiere a los citados contratos], incluido Air Europa, Aldama va a enfurecer y va a saltar”. Finalmente, Cueto hace la siguiente reflexión sobre los asuntos por los que el inspector de Hacienda interrogará al presidente del Zamora FC: “Le preguntarán por todos, por mí, por Angola, por Ábalos, por el presidente del Gobierno, por la ministra de Defensa, por Delcy, por las maletas… por todo”.

El PP cree haber encontrado un auténtico filón en este párrafo del atestado policial, al considerar que tirando del hilo se llega a Pedro Sánchez, que asistió a un Consejo de Ministros sobre el rescate económico de la compañía aérea Air Europa (más de 795 millones de euros de dinero público) en el que, a priori y por ley, no debió haber tomado parte, ya que suponía incurrir en un supuesto conflicto de intereses de carácter personal. La cuestión de fondo es que Globalia no solo tenía en nómina a Aldama, sino que “mantenía vínculos de naturaleza económica y profesional” con la mujer del jefe del Ejecutivo de coalición, Begoña Gómez. Según el PP, “está acreditado que Air Europa financió la cátedra universitaria de la pareja del presidente del Gobierno desde apenas un mes después de que Pedro Sánchez llegara al Palacio de la Moncloa”. Todo ello, según los populares, aconsejaba que el máximo dirigente socialista se ausentara, se abstuviera o apartara de las deliberaciones ministeriales sobre el rescate de la compañía aérea. El Partido Popular elevó una denuncia a la Oficina de Conflictos de Intereses y llevó el asunto al Parlamento, pero finalmente la reclamación fue archivada. Lo cual no significa que lo de Air Europa no sea un asunto feo. Lo es y mucho, y haría bien Moncloa en explicarlo con todo detalle. Por desgracia, Presidencia se ha limitado a tirar balones fuera, lo que no hace sino acrecentar la sombra de sospecha entre la ciudadanía, con el consiguiente daño electoral para el PSOE.

Hay muchas cosas aún por aclarar en el caso Koldo, entre ellas si la mujer del asesor pagó al menos 26.000 euros a Ábalos y su pareja en viajes, gastos escolares y regalos, tal como informa El Español. Según el digital de Pedro J. Ramírez, el sumario recoge una transferencia de Patricia Úriz a una agencia de viajes bajo un concepto que coincide con el apellido del exministro. Como también está en el aire saber por qué Ábalos depositó toda su confianza en un hombre que no la merecía y que finalmente le salió rana. La forma en la que el affaire le ha salpicado resulta indignante para la opinión pública. Esperpéntico es ese momento en el que Koldo García envía urgentemente a su hermano Joseba a la casa de Ábalos, en Valencia, para que le haga entrega de un sobre con papeles sobre los turbios contratos de las mascarillas y la Guardia Civil intercepta la furgoneta en un control en la AP-7. En el momento de ser identificado por los agentes, al familiar del asesor ministerial solo se le ocurrió decir: “Voy a tomar café con Ábalos en un bar que no recuerdo”. Pese a todo, el que fuera titular de Transportes ha mantenido su inocencia en todo momento, lo que no le ha servido para salvar el pellejo político. El 27 de febrero de 2024, el PSOE, a través de una resolución firmada por Santos Cerdán, suspendía a José Luis Ábalos como militante del Partido Socialista tras su negativa a entregar el acta de diputado y su decisión de pasarse al Grupo Mixto. El Gobierno ha tratado de cortar el incendio a toda costa. Ha habido ceses (Óscar Puente destituyó a Álvaro Sánchez Manzanares, secretario general de Puertos del Estado) y Sánchez ha ofrecido toda la disposición de su partido a colaborar con la Justicia, recordando que la actitud del PP es muy distinta en casos de corrupción. “Lo que no va a hacer este Gobierno es destruir a martillazos las pruebas requeridas por los jueces”, le afeó el presidente a Feijóo en una reciente sesión de control en el Congreso de los Diputados, en la que recordó cómo en los peores años del caso Gürtel la información sobre el tesorero Bárcenas desaparecía de los ordenadores de Génova 13 como por arte de magia.

Ábalos ha negado que esté pensando en tirar de la manta, tal como hicieron otros defenestrados por casos de corrupción en el pasado más negro del PSOE, aunque de sus palabras se desprende cierto sentimiento de decepción y resquemor contra el partido que se lo dio todo. “Vengo solo en mi coche, no tengo secretaria, no tengo a nadie detrás”, aseguró, lacónicamente y con la voz quebrada, el día que anunció su baja en el grupo parlamentario socialista. También afirmó que se siente “un mero peón” de una “lucha política sin reglas”, dando a entender que la dirección de Ferraz había sido injusta con él. Y tras recordar que no está acusado de nada (de momento) anunció que piensa llegar hasta donde haga falta para defender su honorabilidad y su inocencia. Todo ello mientras Koldo García concedía una kafkiana entrevista a OK Diario, el periódico de referencia de la caverna digital, en la que negó haberse enriquecido con las dichosas mascarillas. El problema es que no parece decir lo mismo el demoledor informe de la Guardia Civil al que ha tenido acceso Diario16.

El bumerán de Ayuso

Las denuncias contra el PSOE por los chanchullos con las mascarillas habían sido consecuencia del cabreo monumental de Isabel Díaz Ayuso, que al verse acorralada por el affaire de su hermano decidió reaccionar poniendo en marcha el ventilador para que la mugre llegara a todas partes. Sin embargo, el destino iba a querer que, una vez más, el búmeran se volviera contra la lideresa madrileña aficionada a la mordida de la buena fruta, ya que aquellos contratos salpicaban también a Alberto González Amador, su novio metido en líos con los inspectores de la Agencia Tributaria. La fábula de la cazadora cazada volvía a repetirse, consumando una especie de irónica alegoría no exenta de cierta justicia poética. Según informaciones de ElDiario.es, que fueron divulgadas por todos los medios del país, el prometido de la presidenta habría cobrado hasta 2 millones de euros en comisiones por mediar en la compraventa de material sanitario en lo peor de la pandemia. Un corredor más que habría hecho carrera (y negocio) a costa del sufrimiento de todo un país.

Por lo visto, el supuesto dinero negro de González no había pasado por Hacienda, tal como es preceptivo, lo cual derivó en una inspección tributaria y en la correspondiente denuncia de la Fiscalía de Madrid, que vio indicios de delito. El Ministerio Público acusó al compañero de Ayuso, y a otras cuatro personas más, de fraude fiscal al Impuesto de Sociedades (ejercicios 2020 y 2021), así como de falsedad en documento mercantil. El asunto (más de 350.951 euros presuntamente escamoteados al fisco a través de una compleja trama de facturas falsas y sociedades pantalla), terminó por enervar a la lideresa, que contraatacó con una ferocidad inusitada y con su habitual discurso antisistema plagado de mentiras y falacias. Tras convocar a la prensa, Ayuso lamentó que la denuncia de la Fiscalía fuese dirigida “contra un ciudadano que nada tiene que ver con la Comunidad de Madrid” y volvió a ponerse en el papel que más le gusta interpretar: el de víctima y mártir de un complot socialcomunista contra ella y su familia. En realidad, no había tal conjura. Los inspectores de la Agencia Tributaria detectaron un fraude y lo denunciaron sin más, tal como hacen con cualquier otro ciudadano. Pero el enésimo esperpéntico show de Ayuso había comenzado y ya era imparable. “Ahora tocaba el novio, esto es parte de lo que llevo sufriendo hace cinco años”, se lamentó la presidenta, que apuntó directamente a Moncloa como responsable del supuesto montaje. En el colmo del despropósito y la arrogancia, incluso se atrevió a decir que es Hacienda la que debe 600.000 euros a su partenaire y no al revés. Un ridículo más de la lideresa, ya que el fraude hacía tiempo que había sido asumido por los propios abogados del infractor. Tras quejarse de que los datos personales y fiscales de su pareja estaban “dando vueltas por las redacciones” de los periódicos (negando el periodismo de investigación y el derecho elemental a la libertad de información, un pilar básico del Estado de derecho), disparó contra la Justicia al acusar a la Fiscalía de Madrid de estar presidida por “una señora que fue directora general en el Ministerio de Justicia con Zapatero”. Una vez más, la técnica trumpista de retorcer los hechos hasta hacerlos parecer lo que no son. Ayuso no pierde nunca, ni reconoce errores, ni da su brazo a torcer, y cuando se ve atrapada entre dos fuegos se inventa una realidad paralela en la que instala a la narcotizada sociedad madrileña. De inmediato, el PP cerró filas en torno a ella alegando que no está imputada en nada y Miguel Tellado, mamporrero oficial del partido, habló de “cacería” orquestada contra los populares. El espectáculo denigrante para la democracia no parecía tener fin.

Desde el Gobierno, su ministra portavoz, Pilar Alegría, exigió a Ayuso “más transparencia y menos fruta”, y de paso que diera explicaciones urgentes ante la gravedad de las acusaciones. Pero la historia no iba a quedar ahí. En sucesivas informaciones, la prensa aireó que la presidenta de Madrid no solo vive en el piso de su pareja comprado presuntamente con dinero manchado por el fraude fiscal, sino que, además, ambos disfrutan de un segundo inmueble, un ático también de lujo en el mismo edificio y situado justo encima del anterior, a nombre de la sociedad mercantil de su abogado. El escándalo de las casas de la pareja apestaba, de modo que varios periodistas se desplazaron a la zona para constatar de primera mano lo que atestiguaban los registros de propiedad. Fue en ese momento cuando entró en escena Miguel Ángel Rodríguez, asesor y confidente de la lideresa, que decidió ponerse al frente de la crisis, inmolándose y convirtiéndose él mismo en centro de la polémica solo para descargar la presión que empezaba a ser asfixiante para su jefa. Fiel a su manual de propaganda goebelsiana, el tutor MAR abrió su cuenta en la red X, antes Twitter, y organizó una buena y ruidosa polémica, una polvareda creada de la nada con el único fin de tratar de tapar las inmoralidades políticas de su discípula. “Empleados de Eldiario.es encapuchados intentaron acceder a la casa de la presidenta. Nunca se ha visto este amedrentamiento en democracia”, rezaba el mensaje del jefe de gabinete de Presidencia de la Comunidad de Madrid, el Rasputín que mueve los hilos en la sombra. En realidad, los reporteros desplazados a la residencia de los Ayuso no hicieron más que cumplir con su trabajo preguntando a vecinos y testigos para ampliar la información inicial, pero ni hubo encapuchados, ni reporteros intimidando a niñas, ni nada que tuviera que ver con el escrache o el terrorismo informativo. Sin embargo, el bulo, que diferentes medios de comunicación de la derecha difundieron sin contrastar, sirvió para que durante días solo se hablara del intento de MAR por amenazar y coaccionar a la prensa, enterrando bajo la falsa polémica el auténtico escándalo, que no era otro que el gravísimo fraude fiscal del novio de la presidenta.

El PP ha hecho del caso Koldo su ariete o arma arrojadiza para tratar de derribar al Gobierno Sánchez, sin reparar en que todos, populares y socialistas, han mojado en la salsa repugnante del pelotazo de las mascarillas de baratillo a precio de oro. En efecto, la Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero de Galicia (Pladesemapesga) anunció que tiene previsto acudir ante la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y a la Audiencia Nacional para denunciar a la Xunta de Galicia en tiempos de Alberto Núñez Feijóo por poner a la venta “mascarillas falsificadas, dejando la puerta abierta a todos los que se quieran sumar a esta iniciativa”. “En cuestión de corrupción con mascarillas, Feijóo tiene mucho que contar”, aseguran las fuentes consultadas de la asociación.

La denuncia tiene que ver con la compra de material sanitario por parte del equipo de Gobierno del hoy líder del PP a la mercantil gallega Sibucu 360 SL durante el primer año de pandemia, en concreto en el mes de mayo de 2020, cuando se lanzó una alerta sanitaria por cuatro tipos de mascarillas importadas desde China por esta empresa. La Plataforma del Sector Marítimo recuerda que incluso llegó a publicarse “el riesgo, tanto en el sistema de alerta rápida para productos no alimentarios de la Unión Europea como en la red de alertas del Ministerio de Consumo del Gobierno español”. Según informaciones de El Plural, “Sibucu es una empresa de tan solo cuatro trabajadores y sin ninguna relación conocida con el sector sanitario que se terminó convirtiendo en una distribuidora habitual de material contra el covid durante la pandemia, lo que le llevó a crecer en aproximadamente un 4.000 por cien en 2020”. Y añade el periódico digital: “Lo que es lo mismo: Sibucu multiplicó hasta por diez sus beneficios, saltando de un resultado positivo de 344.000 euros hasta los 3,2 millones en tan solo un año”.

La denuncia contra la Xunta ha sido avalada por Nestor Rego, diputado del BNG en el Congreso, que al igual que líderes de otras fuerzas políticas viene exigiendo una comisión parlamentaria de investigación para aclarar esta y otras tramas. Comisión a la que, por cierto, sigue oponiéndose férreamente el PP de Feijóo. Por algo será.