La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) ha levantado la voz contra lo que considera una decisión nefasta por parte del Gobierno de España: la no aplicación del IVA de franquicia para los autónomos con una facturación anual inferior a 85.000 euros. Esta medida, según la organización, afecta negativamente a cerca de 800.000 trabajadores autónomos, poniendo de manifiesto la brecha fiscal y la falta de equidad en el tratamiento tributario entre los autónomos y las grandes corporaciones.
Desde octubre de 2022, un grupo de trabajo integrado por el Ministerio de Hacienda, agentes sociales y organizaciones representativas de trabajadores autónomos ha estado discutiendo cómo mejorar la fiscalidad de este colectivo, promover la factura electrónica y simplificar la administración fiscal. UPTA, trabajando en conjunto con otras organizaciones, ha buscado activamente influir en este grupo para lograr una transposición efectiva de la Directiva Europea 2020/285 de la UE, que aboga por una mayor equidad fiscal.
Eduardo Abad, presidente de UPTA, ha hecho hincapié en la necesidad urgente de que el gobierno implemente medidas correctivas para cerrar la brecha fiscal existente entre los autónomos y las grandes sociedades. «Los trabajadores autónomos son tratados como ciudadanos de segunda categoría en términos fiscales, meros recaudadores de impuestos sin acceso a las ventajas fiscales que benefician enormemente a las grandes empresas,» afirma Abad. Esta disparidad se evidencia en la capacidad de las grandes cadenas de supermercados nacionales y otros empresarios de deducir lujosas comidas de trabajo, un beneficio fiscal inalcanzable para el autónomo medio que no puede deducirse ni siquiera una modesta comida de 15 euros fuera de casa.
Brecha fiscal
Esta situación pone de relieve una profunda brecha fiscal en España, donde los autónomos constituyen el 92% del tejido productivo pero solo aportan el 20% al Producto Interno Bruto (PIB) del país. La decisión de excluir a los autónomos de la aplicación del IVA de franquicia no hace más que ensanchar esta brecha, dejando a un vasto número de trabajadores autónomos en una posición aún más precaria.
La lucha de UPTA por la justicia fiscal no solo busca beneficiar a los autónomos afectados sino que también apunta a un objetivo más amplio: el reconocimiento y apreciación justa de la contribución de los trabajadores autónomos a la economía española. En un momento en que la equidad y la justicia social están en el centro del debate público, la causa de UPTA destaca la importancia de reevaluar y reformar las políticas fiscales para asegurar un tratamiento justo y equitativo para todos los contribuyentes, independientemente de su estatus como autónomos o miembros de grandes corporaciones.
