Lío judicial en Lanzarote a cuenta de un asunto urbanístico que lleva casi veinte años coleando de juzgado en juzgado. El pleito viene de largo y afecta a una urbanización conocida como La Bufona (Arrecife), en cuyas viviendas se realizaron algunas obras sobre terreno rústico protegido por las ordenanzas locales. Al caso se une el morbo de que algunas casas son propiedad de personajes influyentes de la sociedad canaria, como la presidenta del PP en Lanzarote y alcaldesa de Arrecife, la popular Astrid Pérez, y el fiscal Miguel Pallarés, además de un conocido notario de la localidad, según informó en su día eldiario.es.
En enero de 2016, el Juzgado de lo Penal número 3 de Arrecife sentenciaba a seis meses de prisión a los promotores de la urbanización por una serie de edificaciones en suelo rústico protegido. La condena fue rebajada al aplicarse el atenuante de dilaciones indebidas durante el procedimiento, que se inició en el año 2000. “Pese a la complejidad de la causa muchas paralizaciones no se entienden en modo alguno justificadas, en este sentido no se justifican los cinco años y siete meses de paralización de la causa”, señaló la resolución recogida por el citado periódico digital.
Aunque la sentencia no aclaró hasta dónde debía llegar la demolición de las obras, sí ordenó que el derribo afectara a una franja de 18 metros al norte de la calle Chabusquillo y que se corresponde con la parte de atrás de 14 chalés donde se han edificado “muros de contención, piscinas, pérgolas y algunas habitaciones”. En total, 250 metros cuadrados de media por cada casa. Los posteriores recursos ante la Audiencia Provincial confirmaron la sentencia en primera instancia. La Justicia dictaminó que las obras realizadas no eran susceptibles de legalización, “habida cuenta de la calificación del suelo en que se asientan y que estaban completamente fuera de la ordenación”.
En noviembre de 2017, el mismo juzgado de Arrecife rechazó la solicitud de seis vecinos afectados que solicitaban, ya en la fase de ejecución de la sentencia, que se anulara la condena y se diera marcha atrás a la orden de demolición de las obras que el fallo consideraba ilegales, según publicó El Diario de Lanzarote. Entre los propietarios que pidieron la nulidad de las actuaciones y la paralización de los derribos estaban Ástrid Pérez y Miguel Pallarés, según informó algún tiempo después el periódico La Voz. Los dueños de las fincas basaban su petición en el hecho de que a pesar de que se habían visto afectados por la sentencia nunca fueron parte en el procedimiento penal y pidieron que se retrotrajeran las actuaciones “hasta el momento procesal en fase de instrucción en que se tenía que haber dado traslado de las actuaciones con el fin de permitir su personación” en la causa.
Curiosamente, el Ministerio Fiscal se opuso a que la nulidad del proceso fuera admitida, alegando que todos ellos habían sido citados como testigos en el juicio y que “pudieron expresar su parecer”. A la vista de las alegaciones, la juez Aitziber Oleaga acordó no admitir a trámite el incidente de nulidad promovido por los propietarios al no apreciar indefensión por vulneración de derechos fundamentales. La magistrada concluyó que “es del todo improcedente pretender la nulidad de una sentencia que condena a la demolición de unas obras que no solo ha devenido firme por sentencia de fecha 14 de febrero de 2017 por parte de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas, sino que incluso habiendo sido objeto de solicitud de aclaración este concreto extremo referente a la demolición de las obras fue desestimada la pretensión de aclaración por la referida sección segunda mediante auto de fecha 26 de mayo de 2017”. La magistrada consideró además que carecía de competencia para anular una sentencia que había sido confirmada por la Audiencia. El caso La Bufona parecía resuelto definitivamente, pero no fue así.
Contra todo pronóstico, en julio de 2018, según publicó La Voz de Lanzarote, la Audiencia Provincial de Las Palmas anulaba el juicio contra los promotores del Plan Parcial La Bufona, que tardó 16 años en celebrarse y que ya tenía sentencia firme, pero que ahora tendría que repetirse de nuevo. Sorprendentemente, un juicio que parecía visto y sentenciado era desenterrado de los archivos y cobraba vida. Contrariamente al parecer de la Fiscalía, la Audiencia Provincial consideró que el hecho de que hubieran declarado como testigos los propietarios no era motivo “suficiente” para considerar que fueron debidamente notificados del procedimiento y de las consecuencias que podía suponer para ellos.
“Evidentemente cabría plantearse si esa situación no es fruto de su propia y voluntaria desidia o falta de interés en defender su posición cuando que no les podía ser ajena la existencia del procedimiento, aunque solo fuese por la trascendencia pública que ha tenido”, dijo la Audiencia. Sin embargo, el auto de los magistrados provinciales añadió que “aunque el tribunal pueda considerar cuanto menos extraño que no supieran las consecuencias que, para sus casas, podría tener la condena que pudiera llegar a dictarse, es evidente que esa extrañeza, esa sospecha, no la podemos elevar al nivel de certeza que se hace preciso en este caso (…) No llegaron a tener conocimiento de la pretensión de demolición de sus viviendas, o de parte de ellas, que planteaba el Ministerio Fiscal, lo que les genera indefensión al no haberse podido oponer a la misma ni reclamar indemnización”, según el auto recogido por La Voz de Lanzarote. De ahí que la Audiencia anulara toda la causa y ordenara que se volviera a celebrar el juicio.
Queda la duda de quién costeó aquellas obras realizadas sobre suelo rústico protegido. De hecho, en la fase de ejecución de la sentencia, los promotores condenados pidieron que fueran los propietarios de las viviendas quienes corrieran con los gastos de la demolición y derribo, ya que varios reconocieron −al declarar como testigos− que habían acometido obras en la parte trasera de las casas tras adquirirlas, y que no solicitaron licencia para ello, siempre según la información de La Voz de Lanzarote.
Hoy, tras superar un cúmulo de obstáculos, errores y dilaciones durante las dos últimas décadas –con rebajas de las penas para los promotores condenados que fueron calificadas de “ridículas” por la propia Audiencia Provincial al dictar la sentencia firme de segunda instancia− el caso La Bufona sigue vivo en los juzgados. Por lo visto alguien está empeñado en que el asunto no se cierre.
