El caso de las mascarillas salpica también a Feijóo cuando era presidente de la Xunta

Feijóo ha hecho del caso Koldo el principal ariete para tratar de derribar al Gobierno. Sin embargo, el búmeran puede volverse en su contra, ya que ese affaire es solo uno más de los muchos negocios y contratos turbios que se firmaron en los peores días de la pandemia, no solo en administraciones públicas gobernadas por el PSOE, también por el PP. La Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero de Galicia (Pladesemapesga) tiene previsto acudir ante la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y la Audiencia Nacional para denunciar a la Xunta, en tiempos de Alberto Núñez Feijóo, por poner a la venta “mascarillas falsificadas, dejando la puerta abierta a todos los que se quieran sumar a esta iniciativa”, según informa El Plural.”En cuestión de corrupción con mascarillas, Feijóo tiene mucho que contar”, aseguran las fuentes consultadas de la asociación.

El diputado del BNG en el Congreso, Nestor Rego, ya ha pedido que se investigue la compra de material sanitario por parte de la Xunta que presidía el hoy jefe de la oposición y quiere que este tema se aborde también en la comisión de investigación que el PSOE ha planteado en el Congreso a raíz del caso Koldo. “El Partido Popular está manteniendo una actitud absolutamente demagógica poniendo el foco en el caso Koldo”, ha afeado Rego, subrayando que hay “más casos”. Ha recordado, por ejemplo, el caso del hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, aunque también ha apuntado al gobierno autonómico de Feijóo en Galicia.

La denuncia, según el diario digital, tendría que ver con la compra de material por parte del equipo del ahora líder del PP a la mercantil gallega Sibucu 360 SL. Durante el primer año de pandemia, cuando en aquel mes de mayo se lanzó una alerta sanitaria por cuatro tipos de mascarillas importadas de esta empresa desde China, “publicándose el riesgo tanto en el sistema de alerta rápida para productos no alimentarios (RAPEX) de la Unión Europea (UE) como en la red de alertas del Ministerio de Consumo”. Según la investigación llevada a cabo por El Plural, “Sibucu es una empresa de tan solo cuatro trabajadores y sin ninguna relación conocida con el sector sanitario que se terminó convirtiendo en una distribuidora habitual de material contra el covid durante la pandemia, lo que le llevó a crecer en aproximadamente un 4.000 por cien en 2020”. “Lo que es lo mismo, Sibucu multiplicó hasta por diez sus beneficios, saltando de un resultado positivo de 344.000 euros hasta los 3,2 millones en tan solo un año. En el mismo tramo de tiempo, el resultado de explotación se disparó hasta los 4 millones de euros –estaba en 159.000 antes de la pandemia–, el patrimonio neto se situó en 1,5 millones y los socios acordaron repartir cerca de dos millones en dividendos: una cifra que multiplicaba por tres su facturación en 2019”, añade el citado periódico digital.

Además, según publica el Huffington Post, tanto la Comunidad de Madrid como Galicia “hicieron caso omiso a un tipo de mascarillas perjudiciales para la salud que compraron a esta empresa en varias ocasiones pese a las alertas vertidas sobre algunos lotes de la misma”. Según indica el citado medio, la Xunta solicitó de nuevo los servicios de la marca en junio de 2021, tras haberle comprado 2,3 millones de mascarillas en un contrato de 1.945.000 euros entre marzo y junio. Mientras, en Madrid se gastaron medio millón de euros el 10 de agosto de 2020 para la adquisición de mascarillas quirúrgicas para el hospital La Paz, siempre según el HuffPost.

Pese a la futura denuncia, es importante señalar que fueron varias las administraciones, de todos los signos políticos, las que acudieron a esta empresa. Sibucu llegó a vender al gobierno gallego las mascarillas por menos de 50 céntimos la unidad, lo que suponía un 15% menos de dinero que el resto de los competidores y un 134% por debajo del coste de la oferta más cara. En la plataforma señalan que la Ley de Contratos del Sector Público establece en su artículo 149 restricciones para evitar que una empresa haga ofertas más bajas basadas en la menor calidad de sus productos o servicios.

La Comisión Europea ha decretado “tolerancia cero” contra la corrupción, por lo que ha pedido a la Oficina Europea Antifraude (OLAF) que investigue si el presunto cobro de comisiones ilegales en la compra de mascarillas durante la pandemia por la que fue detenido Koldo García –exasesor de José Luis Ábalos cuando éste era ministro– pudo afectar a los fondos de la Unión Europea. “La Comisión Europea tomará todas las medidas necesarias para proteger el presupuesto de la Unión Europea y tiene tolerancia cero con el fraude”, asegura a Europa Press un portavoz comunitario, al ser cuestionado por el caso y su impacto en las arcas comunitarias.

Los servicios comunitarios están en “estrecho contacto” con las autoridades nacionales responsables de la gestión de los fondos europeos, en este caso el Ministerio de Hacienda, para determinar si hay dinero comunitario “involucrado”. Por ello, añade el portavoz, desde Bruselas siguen el asunto “muy de cerca” y han remitido los detalles del caso Koldo a la OLAF para pedirle que siga “investigando”.

Precisamente, este martes se ha conocido que la Fiscalía Anticorrupción envió a la Fiscalía Europea (EPPO, por sus siglas en inglés) contratos del denominado caso Koldo firmados con los gobiernos autonómicos de Baleares y Canarias por importe conjunto de 15,3 millones de euros al entender que se abonaron con fondos europeos y que, por ende, son competencia del órgano comunitario.