El fallo del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre la situación de Carles Puigdemont va a tener su relevancia pública, se quiera o no. Poca difusión ha tenido este informe en el que se dice que a Carles Puigdemont se le suspendió de su cargo como diputado del Parlament sin que hubiera condena en su procesamiento por un delito de rebelión en la causa del Procès.
El comité da un plazo de 180 días a España para que se pronuncie sobre este dictamen donde se sostiene que «una aplicación del derecho interno que resulte automáticamente en la suspensión de funciones de oficiales electos por delitos basados en hechos públicos y pacíficos, sin que exista una condena previa, no puede considerarse que cumpla los requisitos de razonabilidad y objetividad exigidos«. España había anunciado que asumiría el dictamen, pero, de momento, no se ha pronunciado sobre el mismo.
El informe de la ONU contiene, también, otro notable razonamiento sobre todo por su repercusión judicial. De todos es sabido que el Constitucional ha prohibido al Parlament que un diputado de Junts Per Catalunya, Lluís Puig, huido a Bruselas, ejerza su voto de forma telemática.
El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas dice que el hecho de que «una persona considere que la única manera de proteger determinados derechos sea permaneciendo fuera del territorio de un estado, no exime que exista un derecho a ejercer determinadas potestades políticas o la facultad de retorno para ejercerlas». Si se tiene en cuenta este criterio, Lluís Puig estaría en condiciones de votar en el Parlament, aunque resida fuera del territorio, tal y como ha establecido la mesa del Parlament que ha desobedecido, en este caso, las órdenes de la corte de garantías. A ver qué opinan al respecto las máximas instancias judiciales españolas.
El dictamen no vincula al Reino de España, pero sí supone una llamada de atención que deberá ser tenida en cuenta si de verdad se quiere contrarrestar las afirmaciones de Carles Puigdemont, quien al conocer el fallo dijo que este país está muy lejos de cumplir los estándares democráticos que se tienen que exigir a un país miembro de la Unión Europea.
El Comité de Derechos Humanos de la ONU es un órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, un tratado multilateral que reconoce los derechos civiles y políticos y establece los mecanismos para su protección y garantía. El Pacto fue adoptado en la Asamblea General de Naciones Unidas celebrada en diciembre de 1966 bajo el epígrafe “resolución 2200 A”. Ha sido ratificado por 173 países, entre ellos España, y está en vigor desde marzo de 1976.
El comité encargado del cumplimiento de dicho pacto no tiene competencia para ejecutar un informe elaborado por sus miembros. Lo único que puede hacer es lo que ha hecho en este caso: pedir al gobierno español que tome nota de sus alegaciones.
Pero lo que este comité no tiene en cuenta es que si Carles Puigdemont no está procesado es porque huyó de la justicia. Mientras que la mayoría de sus compañeros asumieron sus responsabilidades ante los tribunales, él no lo hizo. Dice que “está en el exilio” y, para el comité, por el hecho de que una persona considere que la única manera de proteger determinados derechos sea permaneciendo fuera del territorio de un Estado no se le puede desposeer de todas sus capacidades políticas incluida la de ser elector y elegido.
Todo empezó hace cinco años cuando el abogado de Carles Puigdemont, Bem Emmerson, alegó ante el organismo de Naciones Unidas que la justicia española había vulnerado los derechos políticos del expresidente catalán, quien fue suspendido como diputado junto a otros líderes del Procés después de que el juez Pablo Llarena lo procesara por rebelión. El comité considera que se ha violado el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles y en su informe prácticamente da la razón al abogado.
Por otra parte, Carles Puigdemont sigue pendiente del fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre su inmunidad como europarlamentario. El TJUE se pronunciará sobre este tema probablemente en la segunda mitad de este año. Mientras tanto, el expresident intentará cerrar las batallas judiciales abiertas en otros frentes. Entre ellos el que ahora se ha cerrado con la resolución de la ONU que no tiene carácter vinculante pero que sí supone una victoria moral para él y sus incondicionales que permanecen en Bruselas. Para obtener otras victorias de este tipo trabaja su equipo de abogados que nadie sabe quién paga porque sus honorarios no son, precisamente, baratos.
El President Puigdemont, actualmente eurodiputado se ha sometido a la justicia en Bélgica, Alemania, Italia… i en todos estos países ha quedado libre, quizás es que la justicia española no cumple con los estándares democráticos exigibles a un país de la UE. Respecto a quien paga los abogados, les puedo asegurar que no me preocupa en absoluto, me preocupa mucho más quien paga los del emérito en el reino unido y quien paga su estancia, personal y séquito en un país donde no existe extradición ni ningún convenio con España ni la UE, porque además estoy convencida de que todo sale del erario público.
Si España ha firmado el tratado, si tiene caracter vinculante la resolución, otra cosa es que no tenga fuerza para hacerlo aplicar. Por eso le dice a España lo que tiene que hacer para adaptarse y le da un plazo para hacerlo.