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La declaración de los peritos del Banco de España obliga a llevar la investigación hacia la etapa de Saracho

Los peritos del Banco de España han dejado una serie de conclusiones que obligarían al juez de la Audiencia Nacional a centrar la instrucción en la única causa de la resolución y las condiciones en que se dio la crisis de liquidez

Esteban P. Cano
Esteban P. Cano
Escritor y Periodista de investigación
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análisis

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Tal y como publicamos ayer en Diario16, la declaración de los peritos del Banco de España, Santiago Ruiz-Clavijo y Pablo Hernández, ha provocado un nuevo punto de inflexión en la instrucción del Caso Popular. Por un lado, dieron un golpe a la estrategia de la Fiscalía al ratificar que no se puede aplicar de forma retrospectiva la inspección realizada al Banco Popular por el Banco Central Europeo en 2016 a las cuentas de 2015.

Esta declaración da la razón a los argumentos expuestos por la defensa de Ángel Ron y al informe pericial presentado por el expresidente del Popular que fue firmado por José Antonio Iturriaga, inspector del Banco de España en excedencia y asesor senior del Fondo Monetario Internacional.

Fue la Fiscalía la que indujo a que el Banco de España realizara un informe en el que se planteaba un ejercicio retrospectivo respecto a las cuentas del Popular de 2015, algo que es contrario a Derecho. La declaración de los peritos ha desmontado esta estrategia.

Sin embargo, hubo otros aspectos que inevitablemente deberían llevar el rumbo de la instrucción hacia la investigación absoluta de lo que sucedió en Banco Popular desde febrero hasta junio de 2017, es decir, la etapa en la que la entidad estuvo presidida por Emilio Saracho.

Según fuentes consultadas por Diario16, los peritos confirmaron que el folleto de la ampliación de capital de 2016 era correcto y que la única causa por la que se produjo la resolución de Banco Popular fue la crisis de liquidez, no la solvencia y, en consecuencia, el estado de las cuentas de los ejercicios previos.

Otro de los puntos que trataron fueron las operaciones con Thesan, algo en lo que tanto el instructor, José Luis Calama Teixeira, como la Fiscalía, han hecho mucho hincapié en los últimos tiempos dejando sin investigar las presuntas irregularidades cometidas en el segundo trimestre de 2017.

Los peritos insistieron en que las operaciones de Thesan se reclasificaron a normales y que eso suponía la supuesta ocultación de 500 millones de euros. Las mismas fuentes afirman a Diario16 que los abogados de PwC señalaron que una parte de las operaciones de Thesan fueron ejecutadas a nombre de Taler, una sociedad participada al 50% por el Popular, y que, en consecuencia, no había obligación de provisionar.

Por otro lado, da la impresión de que el juez Calama no dispone ya de más materiales sólidos para mantener la investigación de la pieza separada de la ampliación de capital de 2016 y del estado de las cuentas, aunque ha mantenido su empeño en seguirla con la complicidad de la Fiscalía.

En consecuencia, una vez que en el mes de julio se amplió el plazo de instrucción hasta enero de 2023, la lógica jurídica indica que, a partir de este momento, las investigaciones irán orientadas hacia la etapa de Saracho, dado que fue el propio Calama quien en un auto indicó que durante esta instrucción no se valoraría sólo el presunto delito de manipulación de mercado, sino que se podrían incluir otros como, por ejemplo, la administración desleal.

La instrucción del Caso Popular lleva activa desde que en octubre de 2017 el juez Fernando Andreu iniciara su instrucción. Un año después, el juez José Luis Calama tomaba las riendas de la causa. Han pasado ya 5 años en los que se ha dado mucha manga ancha a muchos de los presuntos pero verdaderos culpables de la resolución de Banco Popular.

Desde el principio se ha sabido que la única causa de que los afectados perdieran su dinero fue la resolución y ésta fue causada única y exclusivamente por la crisis de liquidez que se acentuó en el segundo trimestre de 2017. Si esa es la única causa, reconocida por organismos públicos nacionales y europeos, además de por entidades privadas, ¿por qué no se centró la investigación en la época en la que se generó esa crisis de liquidez? ¿Por qué se han centrado en buscar causas en épocas anteriores a la época de Saracho?

Hay demasiados intereses, algunos muy poderosos, que han alargado artificialmente esta instrucción, tanto públicos como privados. En estos 5 años se ha denegado información a desde entes españoles y europeos por defender al sistema financiero. Esta es la Justicia en España: 5 años de instrucción focalizando la misma en elementos que nada tienen que ver con la única causa que ha provocado la ruina de 1,2 millones de ciudadanos, que no eran especuladores, sino trabajadores, pensionistas o pequeños empresarios. Nadie ha dado un golpe sobre la mesa, nadie ha defendido que el interés general del sector bancario de la Eurozona esta muy por debajo de los derechos de las personas. Ni la Constitución ni la Carta de Derechos de la UE anteponen en su texto ese supuesto interés superior que hay que defender con uñas y dientes.

Por tanto, la declaración de los peritos del Banco de España pone al juez Calama ante la posibilidad de convertirse, por primera vez en la historia, en el hombre que hizo justicia al pueblo destapando las vergüenzas y las irregularidades de esos poderes ocultos que sólo defienden el interés de las élites.  

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7 COMENTARIOS

  1. Otro de los puntos que trataron fueron las operaciones con Thesan, algo en lo que tanto el instructor, José Luis Calama Teixeira, como la Fiscalía, han hecho mucho hincapié en los últimos tiempos dejando sin investigar las presuntas irregularidades cometidas en el segundo trimestre de 2017.

    LA FISCALÍA PARECE QUE NOS TRATA DE RETRASADOS MENTALES A LOS MÁS DE 1,2 MILLONES DE ESPAÑOLES ESTAFADOS, SIEMPRE HA ESTADO INTENTANDO DESVIAR LA ATENCIÓN EN EL CASO THESAN O EN LAS IRREGULARIDADES CUANDO LO QUE CONDUJO A LA ESTAFA Y AL EXPOLIO FUE LA CRISIS DE LIQUIDEZ PROVOCADA DE UNA FORMA PREMEDITADA POR LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y POR EL PROPIO SARACHO…
    LAS PRUEBAS SON DEMOLEDORAS… Y DEJAN A LA FISCALÍA COMO ABOGADO DEFENSOR DE LOS ESTAFADORES A MÁS DE 305.000 FAMILIAS….
    LA GENTE NO ACUDIÓ EN MASA A SACAR SU DINERO DEL BANCO POPULAR FUERON LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DIRIGIDOS POR…. ESTAFADORES….

  2. https://www.hispanidad.com/economia/caso-popular-nunca-visto-juez-obliga-modificar-balance-con-efecto-retroactivo_12036878_102.html
    Lo que ha saltado a la opinión pública es que el juez ha pedido que ese desfase de provisiones se aplique ¡con efecto retroactivo!, algo así como decir: ¿qué hubiera pasado si se hubieran aplicado esas recomendaciones? Algo así como el viejo adagio: si mi padre fuera mi tío yo sería primero hermano mío y si mi abuela tuviera ruedas, sería una bicicleta.

    En cualquier caso, con tan sorprendente viraje, se abre el camino de una posible vía penal por falsedad en documento mercantil y estafa en la ampliación de capital, no contra el equipo de Emilio Saracho -ocho meses para hundir un banco- sino contra el de Ángel Ron.

    Y el marco es grave porque los mismos peritos del Banco de España que dijeron que el Popular era solvente y valía 11.000 millones de euros, ahora aseguran que faltaban provisiones. Eso sí, dejan claro que lo del efecto retroactivo es un mero «ejercicio teórico». ¿Y entonces?

    En paralelo, el juez Calama no parece tener interés en investigar ni la resolución de la intervención, ni a Uría y Menéndez, el despacho de abogados que forzó a los consejeros del Popular a solicitar la intervención, ni el papelón de Emilio Saracho como correa de trasmisión con el gran beneficiado de la intervención del banco: el Santander.

    Dicho de otra forma: el caso Popular está creando dos peligrosos precedentes en banca: la impunidad española y la europea.

    La española porque la coña de que como no hemos podido demostrar la insolvencia del Popular, es más, ha resultado todo lo contrario, se ha impuesto la norma de que el Popular cayó por falta de liquidez. Eso, dicho en el siglo XXI, cuando la liquidez de una entidad no la aseguran sus depositantes sino el Banco Central Europeo, hermano gemelo de la JUR, que intervino el Popular… pues suena un poquito a pitorreo.

    Y a ello se le une la impunidad europea, porque una vez que los tribunales europeos han eximido de toda responsabilidad a sus cuñados de la JUR, para justificar una intervención que nunca debió producirse, y tal como asegura el detective de la famosa película La Búsqueda… «alguien tiene que ir a la cárcel».

    El caso Popular sienta el peor precedente de toda la banca española.

    ESTO NO ES SERIO. PARECE SACADO DE UNA PELÍCULA DE CIENCIA FICCIÓN…
    ESTO ES PARA METER EL DINERO DEBAJO DEL COLCHÓNO… MENUDOS COMPADREOS, CHANCHULLEROS… MANIPULACIONES… NO SABEN COMO JUSTIFICAR LA RESOLUCIÓN DE UN BANCO SOLVENTE CON UN PATRIMONIO NETO DE MÁS DE 11.000 MILLONES Y ES QUE EL BANCO POPULAR PODÍA HABER COMPRADO AL SANTANDER QUE ESTABA QUEBRADO…
    SE ESTUDIARÁ EN LAS FACULTADES DE DERECHO EL ROBO BANCO POPULAR ?????

  3. https://okdiario.com/economia/peritos-del-banco-espana-confirman-que-popular-debio-dar-perdidas-2014-mintio-2016-9669359
    Los peritos del Banco de España confirman que el Popular debió dar pérdidas en 2014 y mintió en 2016

    Y POR QUÉ TARDARON HASTA EL AÑO 2022 PARA AFIRMARQUE EXISTÍAN ESTAS IRREGULARIDADES ???????????
    ¿POR QUÉ NO LO INVESTIGARON EN EL 2015 ????

    SE DEBEN DE PENSAR QUE SOMOS RETRASADOS MENTALES, QUE NO NOS ENTERAMOS DE QUE QUIEREN DESVIAR LA ATENCIÓN DE LA MAYOR ESTAFA FINANCIERA DE LA HISTORIA A MÁS DE 1,2 MILLONES DE ESPAÑOLES…

    MEDIA ESPAÑA YA CONOCE LA VERDAD !!!!!!!!!!!!!!
    ENFIN… EL TIEMPO ES EL MEJOR MAESTRO PORQUE TARDE O TEMPRANO FLORECE LA VERDAD QUE ES DIFÍCIL DE ESCONDER…

  4. Rosneft: La decisión de Alemania de tomar el control de la filial de la empresa viola los principios de la economía de mercado

    Publicado:16 sep 2022 19:44 GMT

    La petrolera rusa trabajará en todas las medidas posibles para proteger a sus accionistas, sin descartar la vía judicial.

    La petrolera rusa Rosneft considera que la resolución de Berlín de entregar los activos alemanes de la compañía a las autoridades del país es ilegal, comunicó este viernes la empresa.

    «La decisión del Gobierno federal alemán de poner los activos alemanes de la empresa bajo el control externo […] no es, por desgracia, inesperada, y está en consonancia con el algoritmo impuesto por Estados Unidos para tratar con las compañías rusas en territorio alemán», reza el comunicado.

    «Esta decisión es ilegal y, de hecho, es una expropiación de la propiedad de los accionistas», anunció Rosneft, subrayando que la polémica situación se produjo como resultado de las sanciones de la UE y las medidas tomadas por los reguladores alemanes y polacos, cuyo objetivo era confiscar los activos de la compañía rusa.

    La petrolera también afirmó que la postura de Berlín no es provisional y supondrá una pérdida irrevocable de sus activos, por lo que Rosneft trabajará en todas las medidas posibles para proteger a sus accionistas, sin descartar la vía judicial.

    «Esto es una violación de todos los principios fundamentales de una economía de mercado, los fundamentos de la civilización de la sociedad moderna construidos sobre el principio de la inviolabilidad de la propiedad privada», denunció la empresa, asegurando que cumplía con todos los requisitos de los reguladores alemanes y trabajaba de forma transparente y abierta, lo que permitió garantizar el suministro de combustible a los consumidores.

    La compañía rusa también señaló que, a pesar de la «difícil situación en el mercado energético alemán», Rosneft Deutschland siguió «cumpliendo con su obligación de suministrar productos petrolíferos en su totalidad y negoció los nuevos contratos necesarios para garantizar la seguridad del suministro», tanto en Alemania como en Polonia.

    Este viernes, el Gobierno de Alemania puso a las empresas filiales de Rosneft, Rosneft Deutschland y RN Refining & Marketing, bajo la gestión de la Agencia Federal de Redes del país.

    Berlín argumentó que los motivos de esta medida consisten en que el funcionamiento normal de las operaciones comerciales en las refinerías afectadas «estaba amenazado por la situación de la propiedad de las empresas».

    La compañía Rosneft Deutschland representa alrededor del 12 % de la capacidad de procesamiento de petróleo del país germano, lo que la convierte en una de las mayores empresas de este tipo en territorio alemán.

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