El Partido Popular anuncia que va a presentar en el Congreso de los Diputados una proposición de ley para reformar la fórmula de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial “en línea con lo expresado por el comisario europeo de justicia, Didier Reynders”, según la número dos del partido, Cuca Gamarra.
La versión de la dirigente conservadora difiere muchísimo de lo que dijo el representante de la CE. Gamarra señala que “la iniciativa forma parte de lo que el propio comisario pedía que España apruebe”. Es inexacto del todo (ver Diario 16 del miércoles 17 de mayo: “El PP y los jueces pueden provocar que Bruselas imponga sanciones a España”). Reynders dejó claro que primero se debe renovar el Consejo con la normativa actual para, posteriormente, adaptarla “a los estándares europeos”.
La derecha siempre ha interpretado que esos estándares a los que se refiere la Comisión Europea significan la elección directa de los vocales del CGPJ por jueces y magistrados. Si esto se hiciese tal y como quiere el PP habría que reformar la ley orgánica que regula el poder judicial, y la Constitución. La Carta Magna reserva 8 asientos del máximo órgano de los jueces para el Congreso (4) y el Senado (4). Si se cambiase la normativa en el sentido en que quieren los conservadores habría que reformar su artículo 122.3. Si no se hace así, la iniciativa corre el riesgo de ser declarada inconstitucional.
La maniobra del Partido Popular es dilatoria. Se ha repetido hasta la saciedad que se han situado al margen de la Constitución al no pactar con el PSOE la renovación de un Consejo General del Poder Judicial cuyo mandato lleva caducado casi cinco años. Ese bloqueo es el que quieren en Bruselas que concluya. Lo demás son brindis al sol porque en Génova saben perfectamente que su iniciativa no prosperará. Que en el pleno de este martes la iniciativa va a ser rechazada.
Y si esto ocurre, que será lo más probable, la única alternativa que queda es la renovación inmediata con la fórmula actual que, además hay que recordar, cuenta con el respaldo del Tribunal Constitucional que, en su día, la avaló. Tampoco se entienden las prisas del PP cuando tuvo tiempo de sobra de reformar la ley orgánica durante el mandato de Mariano Rajoy. Su programa electoral reflejaba dicha propuesta que ni siquiera se llegó a plantear en el Parlamento. ¿Por qué? Muy sencillo. El PP había logrado mayoría conservadora en el CGPJ. Rajoy eligió para la presidencia a un hombre del partido, Carlos Lesmes, que, aunque formalmente era “independiente”, había formado parte del gobierno de José María Aznar como director general de Justicia. Y, además, Lesmes cumplió al pie de la letra la estrategia diseñada por el gobierno. Redujo las competencias del pleno y se las traspasó a una comisión permanente muy reducida y con mayoría aplastante de vocales designados a propuesta del PP. Carlos Lesmes inició, entonces, una renovación descarada de magistrados del Tribunal Supremo y de las instancias superiores territoriales, tribunales superiores de justicia y audiencias provinciales hasta tal punto que la judicatura está dominada por jueces de marcada tendencia conservadora que están generando muchos problemas a la sociedad por su forma de interpretar las leyes. Jueces, incluso, que opinan en público descaradamente inclinándose por opciones políticas de derechas cuando ellos mismos proclaman su “independencia del poder político”.
Además, si se llevase a cabo la reforma del poder judicial que pretende el PP, que además no es la que reclama Bruselas ni mucho menos, se iría más lejos que lo que se hizo en la ley orgánica 1/1980 en la que doce vocales del Consejo se elegían de forma directa por jueces y magistrados mediante votación directa y secreta. El PP quiere que sean las asociaciones judiciales, en función de su representatividad, las que designen candidatos. De llevarse a cabo la reforma de esta manera, sería la Asociación Profesional de la Magistratura, conservadora y con posiciones claramente cercanas al PP, la que monopolizaría la práctica totalidad de las vocalías dejando de una manera residual representación para las otras tres asociaciones Francisco de Vitoria, Juezas y Jueces para la Democracia y Foro Independiente. Los cálculos indican que, si se aplica el criterio de la ley de 1980, los doce representantes que serían “elegidos” por las asociaciones se repartirían, en base al porcentaje de afiliación en el colectivo, de la siguiente manera: nueve o diez para la APM, dos para la Francisco de Vitoria, y uno para Juezas y Jueces para la Democracia, y probablemente otro para Foro Independiente que podría quedar fuera de este juego electoral debido a la escasa afiliación con que cuentan oficialmente.
Y todo este galimatías debería llevarse a cabo en el plazo de algo más de mes y medio. Imposible a todas luces y el PP lo sabe. Por eso lo manifestado por Cuca Gamarra de que «a estas alturas todo el mundo sabe que Pedro Sánchez lleva bastante mal la separación de poderes» es otra manipulación más con fines claramente electoralistas. Lo que han demostrado con su actitud de estos años es que los que se han saltado ese principio democrático son ellos, que tuvieron la oportunidad de reformar el poder judicial y nunca lo hicieron porque entonces no les convenía.
Ya lo escribí en otro comentario: el PP pactó con el PSOE de Pedro Sánchez renovar el Tribunal Constitucional y su presidente, Conde Pumpido, se ha puesto a prevaricar. Ni siquiera acepta a trámite los recursos que ha intentado llevar el PP.
Con este precedente, que además es reciente, ¿como va a pactar otra renovación con Sánchez? Por supuesto que va a esperar a ver si gana las elecciones. Pero entonces es probable que el problema persista porque será Sánchez el que se negará a la renovación.
Habrá que ver que se hace, pero hay que ser muy de izquierdas para no reconocer que Sánchez es un tramposo, pero por desgracia es un tramposo al frente de la izquierda española.