La renovación del CGPJ no se llevará a cabo hasta la primavera de 2024

Gane quien gane el 23-J, el futuro del Consejo General del Poder Judicial es una incógnita. El actual presidente, el progresista Pedro Mozo, se jubila unos días antes de las elecciones, el 19, y será sustituido casi con toda probabilidad por el conservador Vicente Guitarte, el vocal de más edad que, como Mozo, tendrá rango de “presidente por sustitución”. Y así, el órgano de gobierno de los jueces, cuyos vocales cesaron el 4 de diciembre de 2019, llevará casi cinco años caducado. Con sólo 16 de los 21 miembros de que consta su plenario, y con la incertidumbre de lo que pasará tras los resultados electorales.

Se barajan tres hipótesis. La primera es que, con una sociedad como la nuestra tan polarizada, ninguno de los contendientes logre la mayoría suficiente como para formar gobierno. En ese caso se tendrían que repetir las elecciones. Si eso ocurre, el CGPJ tardaría, según los expertos, por lo menos un año en renovarse, hasta la primavera de 2024.

Si la izquierda logra formar gobierno estaríamos en una situación similar a la que hemos vivido durante el mandato de Pedro Sánchez. Muy probablemente con una derecha bloqueando la renovación. Cabría la posibilidad de explorar la solución que propuso Podemos en su día: un nuevo sistema en el que no haga falta una mayoría cualificada de tres quintos para elegir a los veinte vocales y al presidente. Para ello se requiere mayoría absoluta para reformar la ley orgánica del Poder Judicial, mayoría absoluta que no está garantizada. Mientras tanto, el actual CGPJ seguiría en funciones, se desconoce por cuanto tiempo, pero se estima que, entre la constitución de las Cortes, la votación de investidura la confección de la reforma, los informes necesarios y la tramitación parlamentaria, nos iríamos a finales de año como poco. El CGPJ actual cumpliría cinco años “en funciones”

Y luego está la hipótesis de que la derecha obtenga mayoría suficiente como para poder formar gobierno. Alberto Núñez Feijóo ha manifestado que una de sus prioridades es “la reforma de la justicia”. Y no está hablando precisamente de su modernización. La digitalización, el nuevo modelo territorial y la nueva estructura serán cosas para discutir más adelante, que la legislatura son cuatro años y da tiempo de sobra. Lo importante para el PP es apuntalar el poder sobre los jueces que ha ido obteniendo a lo largo de estos años. Sobre todo, gracias al mandato de Carlos Lesmes como presidente, que designó a magistrados del Tribunal Supremo de ideología conservadora hasta que, en marzo de 2021, el gobierno aprobó un decreto-ley en el cual se limitan las competencias del CGPJ en funciones prohibiendo las designaciones de magistrados de las altas instancias: tribunales superiores de justicia, audiencias provinciales, Audiencia Nacional y Tribunal Supremo.

El PP ha logrado su objetivo: bloquear la renovación. Si gobierna cambiará radicalmente la forma de elección de los vocales del Consejo. Se volverá al sistema de 1980, el primero que se instauró tras la llegada de la democracia. Este sistema señala que doce de los veinte vocales deberán ser elegidos por todos los jueces y magistrados en activo a través de un voto personal, igual, directo y secreto. Lo que todavía no han dicho qué pasará con la designación de los ocho restantes que la ley orgánica 1/1980 señalaba que son competencia del Congreso y del Senado, cuatro para cada cámara.

El Partido Popular todavía no ha concretado lo que harán si llegan a La Moncloa. En los próximos días se hará pública esta propuesta que, además, la Comisión Europea exige se ejecute cuanto antes. A ser posible antes de que concluya la presidencia española el 31 de diciembre. Es difícil lograr este objetivo. Se podría hacer, de forma provisional, una renovación con la actual ley.  Los doce vocales los elegirían Congreso y Senado entre juristas de reconocida competencia, con más de quince años de ejercicio en su profesión, y del turno judicial. Pero, dada la actual situación de crispación, nadie sabe si la izquierda, (y más concretamente el PSOE que se supone sería el partido mayoritario), estaría dispuesta a un pacto para una renovación que, a todas luces, se antoja provisional ya que el objetivo final es modificar la ley para que sean los jueces a través de sus asociaciones representativas los que controlen su órgano de gobierno.

Lo más probable es que el PP, si gobierna, opte por la reforma legal y, una vez efectuada ésta, proceder a la renovación del CGPJ. En ese caso, tendrían que proceder a la elaboración de una nueva ley orgánica del poder judicial con todas sus consecuencias. Entre investidura parlamentaria, formación de gobierno, elaboración de la norma, negociación con Bruselas, dictámenes y trámites parlamentarios, se calcula que igualmente nos iríamos a la primavera de 2024.

Y ese es el gran problema. Jueces y magistrados advierten de que la carencia de recursos en las instancias hace insostenible su funcionamiento. En el Supremo las salas de lo militar, lo social y civil se encuentran bajo mínimos con el agravante de que hay un buen número de jueces que se deberán jubilar en un año. En parecida situación se encuentran las audiencias provinciales y los tribunales superiores de justicia. En la Audiencia Nacional, la situación se ha podido resolver gracias a las comisiones de servicio, una vía de acceso que ha sido muy cuestionada pero que, de momento, ha resuelto el problema. En lo que respecta al Tribunal Supremo, el ministerio de Justicia ha decidido enviar refuerzos, para los gabinetes técnicos, de jueces suplentes y letrados de la administración de justicia que, de momento, están resolviendo la carencia de medios humanos. Pero las alarmas han saltado cuando se ha comprobado que una sala tan fundamental como es la de Lo Penal empieza a tener problemas debido a la jubilación de algunos de sus miembros. Cabe una drástica posibilidad. Que el nuevo gobierno derogue el decreto-ley de marzo de 2021 y permita al actual CGPJ el nombramiento de las vacantes existentes. El problema es que un Consejo totalmente desprestigiado, donde se han cometido verdaderos abusos a la hora de efectuar nombramientos y designaciones, y en situación precaria, no tiene autoridad moral suficiente como para llevar a cabo esa tarea.

Pero eso poco le importa a la derecha política y menos a la derecha judicial.