Las controvertidas actuaciones de García Castellón, un juez que está para jubilarse

Hace unos días, el titular del juzgado central de instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, intervino en unas jornadas organizadas por un periódico gallego junto a su amigo Julio Ariza, referente mediático de la extrema derecha recientemente condenado por el concurso de acreedores de Intereconomía. Cuando se le preguntó por la amnistía, el magistrado dijo que, como juez, no era posible pronunciarse porque está trabajando precisamente en casos que conciernen a esa posible medida de gracia como son las de los CDR y Tsunami Democràtic. Pero como ciudadano sí podía opinar. Y su respuesta es demoledora: “la amnistía no está prohibida en la Constitución, pero en la Constitución tampoco pone que esté prohibida la esclavitud”.

Manuel García Castellón pidió, el verano pasado, al Consejo General del Poder Judicial una prórroga de la edad de retiro hasta junio de 2024, cuando cumplirá 72 años. La petición tiene su correspondiente justificación. Quiere cerrar varias causas que tiene pendientes. Y, entre otras, las tres más relevantes para él. La de los Comités de Defensa de la República, CDR, está lista para la apertura de juicio oral.

Ha conseguido que la sección tercera de la sala de Lo Penal de la Audiencia Nacional rechace todos los recursos presentados por el fiscal y los defensores y así sentar en el banquillo a los 12 miembros del grupo, ocho de los cuales, además de acusados de terrorismo, lo están por tenencia ilícita de explosivos. Esta vez el juez ha logrado salvar los reproches de la sección segunda que es la instancia que le enmienda la plana cada vez que comete errores, que han sido muchos. El caso es que este asunto ya lo tiene prácticamente concluido. No pasa lo mismo con el de Tsunami Democràtic del que acaba de recibir unos informes de la Guardia Civil que han dado mucho que hablar. El Instituto Armado los ha remitido tres semanas antes de lo previsto, sospechosamente coincidiendo con las negociaciones sobre la ley de amnistía que llevan a cabo el PSOE con ERC y Junts. En los mismos se insinúa que la coordinadora de este grupo, que puede ser acusado de llevar a cabo acciones terroristas, es Marta Rovira, la secretaria general de Esquerra, una de las amnistiables que se encuentra viviendo en Suiza.

La remisión al juez de este informe ya ha tenido su primera consecuencia. Marta Rovira ha sido llamada a declarar en calidad de investigada. Hasta ahora, lo único que hay es la descripción de los hechos en los que intervino Tsunami, el corte de la autopista AP-7 y la paralización de la actividad en el aeropuerto de El Prat y en la estación de tren de Sants en Barcelona. La Guardia Civil se limita a transcribir las conversaciones de los miembros más significados de este movimiento. Pero considera que la secretaria general de ERC coordinó todas estas actuaciones que el juez considera entran dentro del ámbito penal de delitos de terrorismo.

Desde el punto de vista jurídico, no se puede cuestionar estas dos actuaciones de García Castellón. Son irreprochables. Pero existen algunas irregularidades cometidas en las instrucciones. La Causa Tsunami fue abierta en 2019 y declaró secreto el sumario durante tres años. Tras las protestas de las partes que no podían acceder a las actuaciones, la sala segunda obligó al juez a abrirlo y a justificar el por qué lo había mantenido tanto tiempo en esa situación. En lo que se refiere a los CDR los defensores también han expresado su protesta. Las investigaciones sobre este asunto arrancaron a raíz de otra causa que había sido declarada secreta, referida a las actuaciones de Carles Puigdemont y la Candidatura de Unidad Popular, la CUP, y que, los letrados denuncian, no se les ha entregado en su totalidad por lo que se cercena el derecho a la defensa de los acusados.

Los superiores de García Castellón le han reprochado, en infinidad de ocasiones, el abuso del secreto del sumario. Lo ha hecho en las instrucciones más relevantes llevadas a cabo últimamente. Y sobre todo en la investigación a Podemos, que la sección segunda de la Sala de Lo Penal calificó de “prospectiva”, porque vulneraba los derechos fundamentales de sus fundadores a los que ni siquiera había atribuido la condición de investigados. El tribunal ordenó el cierre de la instrucción, pero García Castellón ha encontrado la manera de seguir sus indagaciones contra los dirigentes de la formación morada, esta vez a través de otra causa que también ha sido declarada secreta y que instruye su compañero de juzgado, el juez de refuerzo, Joaquín Gadea.

García Castellón y Gadea están afiliados a la Asociación Profesional de la Magistratura, conservadora y mayoritaria de la que el titular nº 6 llegó a ser tesorero. La APM se ha mostrado beligerante con la ley de amnistía hasta tal punto que, sin conocer el texto, ha llegado a decir que “va a provocar la quiebra de la separación de poderes y del principio de igualdad, y, por tanto, el ocaso del Estado de Derecho”. Una intolerable intromisión en la labor del Parlamento que, como se ha dicho en repetidas ocasiones aquí mismo, es el único depositario de la soberanía popular debiendo obediencia los otros dos poderes, el ejecutivo y el judicial a sus dictados.

García Castellón no siempre fue un juez controvertido. Cuando todavía no era conocido tuvo que parar los pies a un mando de la Guardia Civil cuando estaban deteniendo al asesino y violador de la niña Olga Sangrador en Valladolid y le dijo: “señoría, si me deja, le pego dos tiros aquí mismo”. Y es que la prudencia fue su característica forma de trabajar que le llevó a ser uno de los jueces mas prestigiosos de este país con una impecable instrucción del Caso Banesto como juez de refuerzo del juzgado nº 3 de la A.N.

Pero, posteriormente, obtuvo un “premio” a esa buena labor. El gobierno de José María Aznar le designó como juez de enlace entre Francia y España y, posteriormente le trasladó con la misma condición a Italia. Y, a partir de ahí todo cambió. Cuando recuperó su plaza en la Audiencia Nacional empezó a adoptar decisiones polémicas en asuntos que conciernen a altos cargos del Partido Popular en las operaciones “Punica” y “Kitchen” salvando se sentar en el banquillo a conocidos personajes como la expresidenta de la CAM, Esperanza Aguirre, y la ministra de Defensa, Dolores de Cospedal, entre otros.

Desde entonces, García Castellón ya no goza de esa credibilidad que le dio su trabajo que terminó con la cúpula directiva de Banesto en la cárcel, entre ellos el mismísimo Mario Conde.