El titular del juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, el “progresista” Santiago Pedraz, sobrepasa a su colega del 6, Manuel García Castellón, en lo que a decisiones polémicas se refiere. Si por instrucciones prospectivas se entiende lo que el magistrado Alejandro Abascal denomina “ponerse a investigar en modo a ver qué es lo que pesco”, el juez Pedraz se lleva la palma.
Es cierto que a García Castellón sus superiores le han llamado más veces la atención. Tantas que, incluso en algunas ocasiones, le han reprochado “llevar a cabo instrucciones prospectivas”, – recuérdese el sumario contra los fundadores de Podemos -. Pero las actuaciones del magistrado número 1 y decano de los jueces de la Audiencia Nacional son más sonadas. Está en el candelero de las redes sociales y de los medios de comunicación no sólo por su vida personal, sino también por haber adoptado medidas encaminadas a amedrentar a la ciudadanía, como es el intento de bloquear la aplicación Telegram. Con anterioridad había adoptado otras decisiones polémicas.
Y encima va a tener que hacer frente a las responsabilidades derivadas de la instrucción de la operación Nelson que supuso el procesamiento del presidente de Ausbanc, Luis Pineda, ahora absuelto, y el embargo y expropiación de todos los bienes de la asociación valorados en varios cientos de millones de euros que ahora pueden ser reclamados.
Santiago Pedraz tuvo en sus manos instrucciones de mucha trascendencia social que se vio obligado a abandonar como es el caso del reportero José Couso muerto en el hotel Palestina de Bagdad por disparos desde un carro de combate en el que se encontraban tres militares norteamericanos que fueron identificados. Pedraz llegó a solicitar una comisión rogatoria para interrogar a esos militares. No fue posible llegar más lejos por las presiones de Estados Unidos al gobierno de España. Tampoco pudo llevar adelante otras importantes instrucciones en materia de genocidio, torturas, terrorismo, asesinato y detenciones ilegales en el Tíbet y en Guatemala. Su “aventura exterior” concluyó cuando el gobierno del PP acabó con el principio de la universalización de la justicia.
Santiago Pedraz debe de tener cuidado porque no es la primera vez que sus superiores le enmiendan la plana radicalmente. Acaba de ocurrir con la sentencia del Supremo sobre la operación Nelson. El juez nunca quiso revelar la procedencia de la “denuncia anónima” que llevó a la cárcel a los principales dirigentes de la asociación de usuarios de banca privada, Ausbanc, y del sindicato Manos Limpias. Pero en el juzgado de su compañero, García Castellón, se investiga una pieza separada de las actividades llevadas a cabo por el excomisario de policía José Manuel Villarejo en la que aparecen actividades presuntamente ilegales por parte del BBVA, cuando Francisco González presidía la entidad. Entre ellas, la fabricación de pruebas contra el presidente de Ausbanc, Luis Pineda. De ahí que García Castellón lo haya admitido como perjudicado en la causa que instruye.
Santiago Pedraz nunca verificó la veracidad de las pruebas que le presentó la UDEF, la unidad de delitos económicos y financieros de la policía nacional, en donde tampoco se molestaron en identificar las fuentes de sus acusaciones. De hecho, los teléfonos de Pineda fueron intervenidos y nadie ha dicho si esos pinchazos se hicieron con autorización judicial.
Existen muchos interrogantes sobre las circunstancias de esa investigación que nunca fueron aclarados. Así como el bloqueo de todas las cuentas no sólo de las particulares de los investigados sino también de las asociaciones y empresas que presidían. Ausbanc fue declarada en concurso de acreedores cuando tenía fondos suficientes como para haber pagado a su personal, proveedores y colaboradores durante varios meses. Pero no se podía hacer porque las finanzas estaban intervenidas. Una abogada, amiga de Pedraz, le preguntó si se podía desbloquear algunas cuentas para pagar facturas de un cliente suyo. El juez la contestó con una negativa: “porque no me lo permite Hacienda”, (SIC).
La última del juez ha sido su anuncio de bloquear la aplicación digital Telegram. Argumentaba que ante una denuncia de Mediaset, Atresmedia y Movistar en la que acusaban a la red de alojar sin permiso contenido protegido por derechos de autor, y después de haberse intentado poner en contacto con sus representantes legales, no le quedaba mas remedio que proceder al bloqueo cautelar. La medida fue calificada de desproporcionada y, tal y como aquí se señaló, contraria a la Constitución. El juez jamás dijo como llevarían a cabo el bloqueo de la red de mensajería instantánea. Un bloqueo que, además, se podía sortear situando una IP, por ejemplo, en Francia ya que la medida sólo afectaba al territorio español. A lo más a lo que se llegó es a decir que se había dado orden a las operadoras para que ejecutasen semejante barbaridad.
Santiago Pedraz no es tonto y sabía que la orden se la habrían anulado inmediatamente no sólo las autoridades europeas sino sus superiores de la Audiencia Nacional. Por eso decidió echar marcha atrás. Pero ahí ha quedado la cosa. Lo único que le faltaba a la Audiencia Nacional cuya reputación está por los suelos y cuando cada vez hay más voces calificándola de una jurisdicción especial que no debería existir por la naturaleza al juez predeterminado por la ley a que tiene derecho todo ciudadano español. Y no es de extrañar que esto ocurra con instructores como Pedraz, García Castellón, Calama… y otros de los que ya hablaremos.
Me quedo con el último párrafo Ernesto, la Audiencia Nacional es una jurisdicción especial que no debería existir. Yo añado que también es un foco de corrupción, y que los ciudadanos vemos sombras en una caverna y de ahí tenemos que intentar deducir la realidad que se cuece en organismos tan opacos.