Calama exonera a Saracho a pesar de la vinculación directa entre fuga de depósitos y hechos relevantes

El auto de pase a procedimiento abreviado del Caso Banco Popular es un verdadero escándalo. Eso sí, certifica en muchos aspectos los análisis e informaciones publicadas en Diario16, como, por ejemplo, que la causa se iba a cerrar en falso. Y así ha sido.

Además, el análisis del auto del juez José Luis Calama Teixeira demuestra también que la base sobre la que se centra para solicitar que Ángel Ron y parte de su equipo directivos sean juzgados, mientras se exonera a Emilio Saracho o Antonio de Valle, por citar algunos, se encuentra en la parte de la instrucción desarrollada desde octubre de 2021. En esa fecha se produjo un punto de inflexión que ha sido clave para el desarrollo de los últimos años de la investigación judicial.

Resulta cuanto menos sorprendente que el presidente que llevó a la entidad a la resolución sólo sea mencionado en 21 ocasiones en un documento que tiene 178 páginas. Además, es significativo que no se haya investigado absolutamente nada de las causas de la resolución. Todo ello a pesar de la existencia de informes oficiales y documentación que demostró que la resolución de Banco Popular fue provocada única y exclusivamente por la crisis de liquidez originada en el segundo trimestre de 2017.

Por otro lado, también es sorprendente que en un auto de 178 páginas, sólo se dediquen cuatro folios a las conclusiones de la etapa de Emilio Saracho. Principalmente porque existen razones suficientes para relacionar la actividad del último presidente de Banco Popular con la fuga de liquidez. En el sumario de la causa está presente documentación que así lo revela. Al parecer, al juez Calama, desde octubre de 2021, eso no le pareció relevante.

Todos los organismos públicos y entidades privadas coincidieron en que Banco Popular era solvente y viable el día de su resolución. También es unánime que la causa por la que se produjo la intervención fue por una grave crisis de liquidez iniciada en el segundo trimestre de 2017. El informe de los peritos del Banco de España de 2019 indica que hay cuatro momentos clave que provocaron la fuga de depósitos.

El primero de ellos fue la reexpresión de las cuentas anunciada a través de un Hecho Relevante el día 3 de abril 2017, documento que fue supervisado y analizado antes de su publicación por el despacho de abogados de cabecera de Banco Santander.

Emilio Saracho notificó la reexpresión de las cuentas del ejercicio 2016 del Banco Popular a pesar de que no estaba obligado a hacerlo porque los errores que pudiera haber fueron insignificantes.

Se llevó a efecto la reexpresión de las partidas que estuviesen afectadas, si con ello se considera que mejora la calidad de la información financiera. Por supuesto, nada tenía que ver con el estado real o la imagen fiel de las cuentas de 2016, sino que se modificaron determinados apuntes contables, sin importancia significativa o materialidad.

Esto se debe a que, en primer lugar, si en la formulación de las cuentas anuales se producen errores o incorrecciones que provocan una alteración de tal magnitud, material y generalizada en las cifras contables que conducen a que las cuentas anuales no muestren la imagen fiel de la entidad, se dice que tales errores o incorrecciones resultan materiales o tienen importancia relativa significativa.

Al contrario, si se considera que esos posibles errores no impiden que las cuentas no mostraran la imagen fiel de la situación patrimonial y financiera y de los resultados de la entidad, se dice que los errores o incorrecciones no superan el nivel de materialidad o que no tienen importancia relativa significativa. Sólo se considera que unos estados financieros no muestran la imagen fiel si el auditor externo concluye que existen incorrecciones materiales y generalizadas en los estados financieros.

Tal y como analizó Diario16 en base a documentación interna, la imagen fiel de las cuentas sólo podría resultar comprometida si los incumplimientos fuesen materiales y generalizados. Los ajustes que se introdujeron a resultas de la reexpresión de Emilio Saracho no tuvieron un impacto material. Sin perjuicio de ello, las cuentas anuales mostraron la imagen fiel porque las incorrecciones no resultaron de ninguna manera generalizadas, sino que tuvieron por objeto cuatro cuestiones muy puntuales.

Sin embargo, esa reexpresión de las cuentas iniciada por Emilio Saracho sí tuvo consecuencias en la liquidez y en los depósitos. Un documento interno del Popular, que obra en posesión de la Audiencia Nacional y al que Diario16 tuvo acceso, demuestra el impacto negativo y cómo fue el punto de partida hacia la resolución. En concreto, entre el 3 al 24 de abril de 2017 Banco Popular perdió 5.372 millones de euros en depósitos y 4.137 millones en la segunda línea de liquidez.

Según indica el documento, Banco Popular disponía de 76.724 millones de euros en depósitos antes de la reexpresión. ¿Cómo es posible que en sólo 65 días la entidad fue resuelta por la Junta Única de Resolución? Ahí está la clave del Caso Popular. Por eso sorprende que en la Audiencia Nacional no se estén investigando las verdaderas causas que llevaron al Popular, un banco solvente y viable, a un escenario de resolución por una cuestión de liquidez, cuando sólo 65 días antes de la intervención estaba en una posición adecuada.

En consecuencia, desde la publicación del Hecho Relevante de la reexpresión de Saracho hasta el 24 de abril de 2017, todos los segmentos de clientes perdieron depósitos.

Según el documento, a 24 de abril de 2017 «la segunda línea de liquidez se sitúa en 7.187 M€, lo que representa una caída de 4.137 M€ frente a marzo de 2017 [antes de la reexpresión]. El gap comercial ha empeorado 2.945M€. Recursos de clientes: -4.138 M€ (B. Minorista -2.781 M€, B. Institucional -1.951 M€, B. Corporativa -595 M€, ICO +289 M€, Cuentas recaudación +1.073 M€). Inversión: -1.193M€».

La previsión hasta final de abril que se indica es más catastrófica aún, lo que muestra las graves consecuencias de una reexpresión de cuentas innecesaria. «Se estima que la 2ªLL se sitúe a cierre de abril en el entorno de 6.000 M€, lo que supondría un descenso en el mes de 5.331 M€. El gap comercial se estima se sitúe en 9.516 M€, con un empeoramiento en el mes de 4.861 M€. Recursos de clientes: –5.386 M€ (B. Minorista -3.300 M€, B. Institucional -1.800 M€, B. Corporativa -525 M€, ICO +289 M€, depósitos Tesorería -50 M€). Las hipótesis contemplan salidas adicionales de 1.248 M€ desde 24/04 hasta 28/04. Inversión: -525 M€. Bajo estas hipótesis, la 2ªLL / total balance y los horizontes de supervivencia se situarían en incumplimiento y el LCR en alerta a cierre de abril».

A pesar de estas cifras, el juez Calama sólo copia y pega una parte del contenido del hecho relevante del 3 de abril. Nada más, ni una mención a las consecuencias que tuvo, dedicándole apenas medio folio, sin hacer mención alguna a la importancia que tuvo para la resolución del Popular… algo que no se ha querido ni pretendido investigar, según se deduce del contenido del auto.