Una de las denuncias de los agricultores que están protestando prácticamente en toda Europa es la presencia de los fondos de inversión en la adquisición de tierras de cultivo. Una denuncia que prácticamente no encuentra eco en los medios de comunicación, que, muy posiblemente, tengan entre su accionariado mayoritario a estos fondos.
El Consejo de Ministros aprobó a finales del mes de enero la compra de varias empresas españolas por parte de Bunge, un gigante del sector agrario, proveniente de EEUU, que facturó más de 42.700 millones de dólares (46.420 millones de euros) durante 2023.
Según explica agroinformación.com, la compañía necesitaba el visto bueno del Ejecutivo para poder adquirir cinco sociedades agrarias españolas. Unas operaciones que se llevaron a cabo como parte del acuerdo con Viterra, otro gigante inversor canadiense.
Tras las negociaciones, Bunge se hace con la filial de Viterra Agrícola en España, y con otras empresas más pequeñas como Gavilon España, Magina Oliva, Patagonia Bio Energia Holdings 1 y Patagonia Bio Energía Holding 2.
Recoge la información publicada que, entre esos accionistas de Bunge se encuentra el fondo de inversión CPPIB Monroe Canada, que ha conseguido hacerse con casi el 12% del capital total. Ahora controla ese porcentaje en todas las compañías que el gigante tiene repartidas por el mundo.
En España las sociedades extranjeras necesitan tener previamente el visto bueno del Gobierno para poder disponer de una participación superior al 5% de las acciones en cualquier empresa nacional. Es la ley del «Escudo antiopas» que se estableció durante la pandemia para tratar de blindar y proteger a nuestras empresas estratégicas.
La compañía Bunge ya era el líder mundial en procesamiento de semillas oleaginosas y ahora tiene previsto ampliar su negocio a más productos agrícolas.
Creo que esto ya va directo a la yugular del campo español.