En pleno proceso electoral, los socios de uno de los clubes más elitistas de España tienen conocimiento de que en los últimos años importantes auditoras internacionales han realizado informes sobre las inversiones de los 130 millones de euros que el club obtuvo con la venta de los terrenos a Reyal en el año 2004.
Esos documentos de Ernst & Young y Grant Thornton, a los que Diario16 ha tenido acceso, han puesto en evidencia inversiones por precios fuera de mercado como la compra de los terrenos de Soto de Mozanaque al Duque de Alburquerque, unos terrenos que tenían calificación de rústicos de especial protección para el parque fluvial del Jarama, pero que se pagaron a precio de terrenos urbanizables.
Dichos informes han tratado de mantenerse ocultos a los accionistas en vez de exponerse claramente a todos los socios y colgarlos en la página web del club para que cualquier socio pudiera tener acceso a ellos.
Por ello, una gran parte de la masa social, cansada de la falta de transparencia de las últimas directivas, están dispuestos a exigir a todas las candidaturas que se presenten y a la que salga elegida, la constitución de un comité de investigación para averiguar por qué se pagaron unos sobreprecios por los terrenos, por qué se indemnizaron a las concesiones de los servicios de restauración, por qué se pagaron informes medioambientales a precios desorbitados, etc. Según fuentes del club consultadas por este medio, la solicitud de la comisión de investigación se hará gane quien gane las elecciones, y pedirán también que se haga una investigación sobre la captación de delegaciones de voto utilizando los medios del club y se regule debidamente la solicitud pública de representación para evitar la utilización abusiva de las bases de datos, medios y personal del club en beneficio de la candidatura oficialista.
Cansados de la falta de transparencia los socios quieren la investigación para exigir responsabilidades a los miembros de las directivas responsables de los dispendios y a los consejeros y directivos que, conociendo los hechos, han tratado de ocultarlos sin exigir responsabilidades como es la obligación de todo administrador diligente de una sociedad.
Los socios ponen como ejemplo la investigación que se está llevando a cabo en el BBVA por la contratación del excomisario Villarejo y sus consecuencias. Manifiestan que, si esas investigaciones se llevan a cabo en una sociedad cotizada con una capitalización y activos multimillonarios en la que los accionistas no se conocen, es más exigible en una sociedad «cuasi familiar».
Además, mantienen que el actual presidente, Pablo Ridruejo, y su directiva, han conocido los hechos acaecidos durante mandatos anteriores de los que han formado parte muchos de ellos y han tenido a su disposición un informe de Grant Thornton que, según las mismas fuentes, lo han ocultado y no han exigido responsabilidades como era su obligación en defensa de los derechos de todos los socios accionistas.
Por otro lado, piensan en exigir la acción social de responsabilidad, sin descartar acciones penales y, en su caso, exigir la devolución del dinero presuntamente «malversado», ya que mantienen que es inexplicable que, por la mala gestión y dispendio, tuvieran que pedir un préstamo al Santander para pagar los impuestos o que las cuotas se hayan incrementado cuando, si no se hubieran pagado sobreprecios en las inversiones y en las obras, las cuotas serían mucho más bajas.
Finalmente, los socios tampoco se explican que se hayan mantenido en la directiva a personas presuntamente relacionadas con casos de corrupción (Pilar Cavero Mestre) mientras se incoan expedientes sancionadores a socios por el ejercicio del derecho de crítica de la gestión social o se impide el acceso al club por razones de clasismo, en pleno siglo XXI, con expresiones tales como «hay que recuperar el club para las familias de siempre» o «no queremos que se llene el club de gente de Fuenlabrada».
