La impunidad de la corrupción se fortalece con sistemas judiciales medievales

La revolución tecnológica, unida a la globalización, ha generado muchos beneficios. Eso es indiscutible hasta para los más irredentos defensores de la vuelta a las fronteras y a soberanía particular de los países. Sin embargo, también está generando problemas porque la globalización está siendo utilizada por las clases dominantes y por el crimen organizado como herramienta para conseguir la impunidad.

Tras la revolución tecnológica, el dinero viaja miles de kilómetros con solo hacer clic en el ratón. Aunque esto tiene indiscutibles elementos positivos, la nueva realidad global también permite que el dinero ilícito circule con la misma facilidad. Los delincuentes, los evasores de impuestos, los funcionarios, jueces, policías y políticos corruptos se aprovechan de un sistema financiero demasiado poroso. Sin embargo, a pesar de la globalización, las autoridades gubernamentales que rastrean a estos criminales se ven obligados a trabajar bajo la restricción de las fronteras nacionales.

Decenas de billones de dólares se ocultan en el extranjero, y gran parte de este dinero no se grava ni se contabiliza. Gracias a investigaciones periodísticas como los Paradise Papers, los Papeles de Panamá, los Papeles de Pandora o SwissLeaks, por citar algunas de las más importantes, la ciudadanía conoció una fotografía única de las jurisdicciones más secretas del mundo gracias a unos sistemas de creación de sociedades a través de conseguidores que no están regulados. Los activos procedentes de la corrupción y el crimen organizado desaparecen en las bóvedas de los bancos offshore. Las élites ricas de todo el mundo utilizan estas jurisdicciones para esconder activos, evadir impuestos, rehuir sanciones internacionales u ocultar el resultado de la compra de procesos judiciales.

El problema es particularmente grave para los países de ingresos bajos y medios. Se estima que aproximadamente el 33% de todos los activos de Oriente Medio y África se encuentran en el extranjero. En América Latina, es alrededor del 25%. A nivel mundial, esa cifra cae al 6%. Desafortunadamente, las regiones con el mayor porcentaje de activos offshore son las mismas regiones que se beneficiarían de mayores ingresos fiscales para gastar en los motores del desarrollo, como carreteras, escuelas y atención médica.

Gracias a los paraísos fiscales y a un ejército de carísimos despachos de abogados, banqueros, consultores y contables que se benefician de la industria del secreto, a menudo es casi imposible descubrir si alguien está evadiendo impuestos u ocultando el resultado de los cobros por manejos corruptos manteniendo sus activos en el extranjero.

Sin embargo, las autoridades de los países se encuentran con sistemas judiciales medievales que no se han actualizado frente a la revolución tecnológica. En muchos casos, esa falta de modernización procede de la necesidad de mantener una impunidad frente a la corrupción y las tramas criminales, porque hay países avanzados en los que se siguen comprando procedimientos judiciales y los jueces ocultan el resultado de esos sobornos en jurisdicciones opacas.

En la mayoría de los países, si un gobierno quiere conocer los activos y cuentas de sus ciudadanos en otra jurisdicción, debe solicitar la información caso por caso. Eso se hace a través de comisiones rogatorias. Y, a menudo, antes de que se pueda pedir información, es preciso saber a quién se está buscando y dónde está su dinero. Incluso cuando se tienen esos datos, los jueces de esos países se niegan a solicitar esas comisiones rogatorias. Este enfoque medieval, anticuado y agotado es un problema global y en rápida evolución hace que sea difícil siquiera empezar a arañar la superficie.