Sacar la política de los juzgados. Esa era la pretensión que intentaron llevar a cabo, ERC, por una parte, y el gobierno de Pedro Sánchez, por otra, en la legislatura que acaba de concluir. Y es la misma idea que ahora quiere negociar Junts con Madrid. Recoger el testigo de Esquerra. La diferencia con la organización de Oriol Junqueras es que los neoconvergentes no se conforman con indultos parciales. Creen que la solución debe pasar por una amnistía. Pero, independientemente de la viabilidad legal de una medida de este tipo, el gran obstáculo está en la oposición de la maquinaria judicial. Sólo en Catalunya, según dicen los independentistas, hay 4.200 “represaliados”, cifra exagerada que un portal independiente como es Verificat reduce a 700 casos pendientes de juicio.
La reactivación de uno solo de ellos puede provocar nuevos enfrentamientos con Madrid y la ruptura del único cauce que permitiría a Pedro Sánchez ser investido presidente: el diálogo con Junts que con sus 7 diputados en el Congreso tiene la llave de la gobernabilidad o el bloqueo que desemboque en una repetición electoral. De momento, el juez Llarena, instructor del Procès, ha tomado una decisión prudente. Aplazar la posibilidad de emitir una orden de detención contra Puigdemont y Comín hasta que el TJUE decida sobre el recurso a su sentencia. Con ello, los políticos ganan tiempo. Al menos en ese asunto no habrá interferencia judicial. La intención del fiscal se ha desactivado.
Pero lo de Puigdemont no es el único asunto donde se puede producir una interferencia judicial en el proceso de negociación de la investidura de Pedro Sánchez. El primer obstáculo lo puso el Tribunal Supremo cuando decidió reabrir la causa contra nueve exaltos cargos de la Asociación Catalana de Municipios por haber financiado un viaje de alcaldes a Bruselas en 2017, y otros gastos presuntamente vinculados al procés que suman 700.000 euros.
La Audiencia de Barcelona archivó la causa no sin antes criticar duramente al instructor y al fiscal por haber vulnerado los derechos fundamentales de los encausados. Pero el Supremo estimó el recurso presentado por la fiscalía y rescató un caso condenado al olvido. El sólo hecho de que esta decisión judicial haya trascendido a la sociedad catalana ha hecho resucitar la vieja teoría de “las represalias de Madrid contra el pueblo catalán”. No es un “caso de relevancia penal”. De ahí la sospecha entre los soberanistas de que el Supremo quiere reactivar todas las causas que tengan que ver con el independentismo, aunque tengan escasa repercusión.
Hay asuntos más graves que podrían aplazarse teniendo en cuenta que esa es una de las características de la justicia en España. Activar las diligencias de una manera apresurada se interpretaría como una interferencia de los jueces en el proceso político que se acaba de abrir con los resultados electorales del 23-J. Dos figuras relevantes de ERC, Josep María Jové y Lluís Salvadó, se van a sentar en el banquillo acusados de haber organizado el referéndum del 1 de octubre de 2017 desde la Conselleria de Economía. Para Jové, el fiscal pide siete años de cárcel y para Salvadó seis años y tres meses.
El ministerio público mantiene el delito de malversación agravada anterior a los cambios en el Código Penal pactados por el Gobierno y los republicanos. Los dos acusados tienen un riesgo real de entrar en prisión si el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), condicionado por el relato de hechos establecido por el Supremo en la sentencia del Procés, decide imponer penas altas. En fuentes jurídicas se señala que el juicio podría llegar a celebrarse el próximo otoño, aunque se está presionando para que se aplace hasta primeros de año. De momento se tiene que resolver los recursos de las defensas que exigen apartar al presidente del TSJC, Jesús María Barrientos, y al magistrado Carlos Ramos después de que el Supremo cuestionara su imparcialidad en otra causa. La decisión no está tomada.
Están pendientes los juicios a 40 altos cargos de la Generalitat que se encargaron de difundir el Procès en el exterior. En este asunto hay que tener en cuenta que la fiscalía está actuando con exagerada minuciosidad lo que está retrasando la conclusión de las diligencias y la apertura de juicio oral. Entre los imputados se encuentran los exdirectores de TV3 y Catalunya Ràdio además del exconseller Raul Romeva ya condenado en la causa principal e indultado.
Un juicio que está visto para sentencia es el del exconseller de Interior, Miquel Buch, y el sargento de los Mossos, Lluís Escolà, acusados de malversar dinero público para proporcionar una escolta a Carles Puigdemont en Waterloo. Los cinco académicos que fueron designados síndicos electorales deberán volver a juicio tras haberse anulado el que les absolvió. Los acusados han presentado recurso contra la decisión de la Audiencia de Barcelona alegando que vulnera sus derechos fundamentales. Otro motivo de conflicto que está al cabo de la calle.
Luego está el juicio a Clara Ponsatí en el que el fiscal no pide pena de cárcel, pero sí la inhabilitación de la europarlamentaria y, tal vez el que pueda tener mayor repercusión en lo que se refiere al orden público, el de la vista oral que se debe celebrar contra los doce miembros de los Comités de Defensa de la República procesados por un delito de pertenencia a organización terrorista. Y especialmente relevantes serán las sentencias que se dicten sobre los dos presidentes del Parlament, Carme Forcadell y Roger Torrent acusados de desobediencia. Los defensores han pedido que se repita el juicio que se llevó a cabo con nuevos magistrados.
Existe la sospecha, muy consistente, de que los jueces, sobre todo los del sector conservador que controlan los resortes de las causas contra el independentismo catalán, van a hacer coincidir las decisiones más controvertidas con las negociaciones que se deben llevar a cabo con los neoconvergentes para que sus siete diputados al menos se abstengan en una hipotética votación de investidura de Pedro Sánchez.
Se sabía que iba a pasar esto. Y en el PSOE se tiene en cuenta. Las presiones para suavizar las acciones judiciales son evidentes, pero se tropieza con la actitud de los jueces conservadores que no quieren oír hablar de un nuevo gobierno progresista.
Ya no se trata sólo de Carles Puigdemont. Son muchos los frentes judiciales abiertos y sólo uno de ellos puede hacer saltar la chispa que activará, de nuevo, el conflicto.
Me cuesta cada vez más el diferenciar a VOX de d16 en su sectarismo y extremismo. Cada uno tirando a un lado por supuesto.
Recordarle, que Cataluña es una comunidad más de las 17 que constituyen el territorio español…Confío en el presidente del Gobierno, en su capacidad política y en que sólo sea un titular de prensa …Los Jueces y fiscales no se pueden permitir atacar las instituciones, con el propósito de favorecer a un sector de ella…, razón por la cual no se entendería que los fiscales y los jueces que deben de ejercer sus funciones … que representan la garantía de una democracia justa… hagan este tipo de acciones, que ustedes denuncian…
Aquí el único juez que puede impedir que Sánchez sea Presidente es Puigdemont y dejémonos de gaitas.