El Consejo de Ministros ha aprobado en segunda vuelta el anteproyecto de Ley Orgánica de Derecho de Defensa, que se convertirá en un marco regulador para las condiciones de la prestación del derecho de defensa de la ciudadanía. Con esta ley, se completa el círculo de garantías constitucionales de la tutela judicial efectiva, lo que representa un importante avance para el Estado de derecho.
El proyecto de ley refuerza la importancia de las instituciones colegiales en la regulación profesional y la deontología, y ha sido liderado por la Abogacía Española desde hace más de una década.
Esta ley consolida en un único texto todas las garantías vinculadas a la defensa legal, lo que supone un importante paso adelante desde el punto de vista de la protección de la ciudadanía. La ley recoge algunas de las peticiones de la abogacía institucional, como la regulación del secreto profesional, el acceso de la ciudadanía a los tribunales y la ampliación de sus derechos como usuaria del servicio público de justicia.
La ley de derecho de defensa completa el círculo de garantías constitucionales de la tutela judicial efectiva y consolida el papel de la abogacía en la regulación del ejercicio profesional y la defensa de los derechos de la ciudadanía.
