Las filtraciones de Saracho, causa de nulidad de la resolución del Popular

Uno de los hechos que más importancia tuvo en la salida de depósitos fue la publicación que el diario El Confidencial realizó el día 11 de mayo de 2017. En dicha noticia, se indicaba que el Popular estaba en riesgo de quiebra si no era vendido.

En concreto, algunas de las afirmaciones que se hacían en dicha información eran que «Saracho encarga la venta urgente del Popular por riesgo de quiebra a JP Morgan y Lazard», «El presidente del banco ha comunicado a Santander, BBVA, CaixaBank Bankia y Sabadell la necesidad inminente de fondos ante la fuga masiva de depósitos de los clientes», «Ante la salida continuada de depósitos y el cierre de fuentes externas de financiación, el banco corre el grave riesgo de declararse en quiebra» o «Saracho se ha visto forzado a activar la medida más drástica y desistir de vender activos de forma progresiva para mejorar los ratios de capital».

Fuga de depósitos y bajada en bolsa

La publicación por parte de El Confidencial de la noticia provocó, además de una nueva fuga de depósitos, una rebaja importante del valor de cotización del Popular en bolsa. La reacción del banco fue inmediata y se publicó un hecho relevante en el que se negaba dicha información, además de la apertura de una investigación por la CNMV y la presentación de una demanda contra el medio y el periodista.

Hasta aquí todos los movimientos que se produjeron entran dentro de lo habitual. Sin embargo, hay un hecho que rompe toda lógica: fue Saracho el que filtró esa información, según los testimonios de Carlos Balado, exdirector general de Comunicación del Popular, y el contenido de la grabación recientemente presentada ante la Audiencia Nacional en la que se recoge una conversación mantenida entre Ángel Ron y otro periodista que entonces cubría la información económica en El Confidencial.

El expediente de la investigación de la CNMV

Diario16 ha tenido acceso al expediente completo de la investigación del supervisor de los mercados españoles. El día 12 de mayo de 2017 la CNMV remitió un escrito al Popular, dirigido al entonces secretario general del Consejo, Francisco Aparicio Valls, en el que se le indicaba lo siguiente:

El Popular respondió el día 16 de mayo de 2017, con un largo escrito de 6 páginas firmado por José Heraclio Peña, exvicesecretario del Consejo del Popular y actual director de Asesoría Jurídica del Santander.

En él se dice que «A las 17.04 horas del 11 de mayo el Sr. Saracho recibió en su teléfono móvil una llamada de D. Agustín Marco, periodista de El Confidencial, que no pudo atender por encontrarse despachando otros asuntos. El Sr. Marco no dejó ningún mensaje en el contestador, ni existe constancia de que realizase llamada adicional alguna al Área de Comunicación de Banco Popular. Solo 8 minutos después, El Confidencial publicó la noticia firmada por el Sr. Marco que sería posteriormente objeto de respuesta en el hecho relevante de esa misma fecha».

Según dicho documento, Saracho devolvió la llamada al periodista tras la publicación de la noticia y después de haber instruido «a los equipos del banco para que preparasen inmediatamente una comunicación de hecho relevante en respuesta a aquélla. El equipo interno del banco y sus asesores comenzaron a trabajar en su redacción». La llamada con el periodista duró, según el documento, unos 20 minutos. De esta llamada surgió un segundo artículo que fue publicado el día 12 de mayo.

En la comunicación a la CNMV, el Popular ya señala que la publicación de la noticia podría ser constitutiva de una posible infracción de la Ley del Mercado de Valores:

Además, el Popular solicitó a la CNMV que incoara un procedimiento sancionador contra el medio y el periodista, que adoptara medidas cautelares como la retirada del artículo y que «se abstengan de publicar contenido análogo que pueda afectar a la cotización del valor de la acción de Banco Popular». Es decir, que el banco presidido por Emilio Saracho reclamó una medida que iba en contra del derecho a la libertad de prensa recogido en la Constitución y en los Tratados de la Unión Europea.

Derechos constitucionales

El 12 de mayo de 2017, la CNMV remitió a El Confidencial un escrito similar al del Popular en el que se reclamaba lo siguiente:

La respuesta de El Confidencial no se hizo esperar y el 18 de mayo de 2017 el medio de comunicación remitió un escrito en el que recordaba los derechos de la prensa recogidos en la Constitución y los Tratados de la Unión Europea y la obligación de cualquier periodista al secreto profesional y a la protección de sus fuentes:

Aunque la CNMV insistió afirmando en un nuevo escrito que a lo que se refería no era a las fuentes de la información, sino a las personas de El Confidencial que tuvieron conocimiento de la noticia antes de publicarla, el medio volvió a acogerse a los derechos inherentes a la actividad periodística.

La responsabilidad de Saracho

En el Caso Popular, las filtraciones tuvieron una importancia capital para destruir la imagen de la entidad y provocaron tanto la bajada del valor en bolsa y la salida de depósitos que, finalmente, fue la única causa que llevó al Popular a la resolución.

En este caso, quien filtró dicha noticia fue el propio Saracho. Así lo reconoció Carlos Balado en su declaración en la Audiencia Nacional y se recoge en la grabación presentada hace dos días ante la Justicia.

Balado reconoció ante el juez Calama Teixeira, como ya hizo en otro juzgado, que la persona que filtró a El Confidencial la noticia sobre la supuesta quiebra del Popular no fue otro que Emilio Saracho. Este reconocimiento llegó, sorprendentemente, a preguntas de la defensa letrada del expresidente del banco, con lo cual le ha hecho un flaco favor a su cliente, puesto que, conociendo la anterior testifical del exdirector de comunicación, se ha reconocido quién fue la persona que filtró una información falsa, tendenciosa y carente de sentido con el único fin de debilitar al Popular, un banco solvente, viable y con capacidad de generar beneficios, de cara a lo que iba a venir en el mes de junio.

En concreto, Balado afirmó que desde El Confidencial le indicaron que su fuente era Emilio Saracho, que Emilio Saracho se lo había contado al periodista que firmó la noticia.

Por otro lado, según el escrito presentado ante la Audiencia Nacional, junto con una grabación y la transcripción de la misma, un periodista que en 2017 cubría la información económica en El Confidencial «reconoció al Sr. Ron que el que filtró tal noticia a El Confidencial D. Emilio Saracho. En aras de no especular sobre tal conversación, y dada la invocación que hace de la misma la representación del Sr. Saracho, por medio del presente escrito aportamos la grabación donde el Sr. Segovia reconoce ante el Sr. Ron que D. Emilio Saracho fue quién filtró tal noticia a los medios, con la consecuencia consabida de la generación de una salida de depósitos de miles de millones de euros y una caída de la acción sin precedentes».

Las filtraciones, causa de nulidad de la resolución

Cuando un acto administrativo viene precedido de elementos presuntamente contrarios a la ley, dicho acto es nulo. En el caso de las filtraciones, se está ante un caso evidente de ruptura de la confidencialidad que ata a cualquier directivo o empleado de una empresa u organismo público.

El informe de los peritos del Banco de España señala cuatro hechos concretos que llevaron al Popular a la resolución. En dos de ellos están presentes las filtraciones de noticias negativas que afectaron directamente a la liquidez de la entidad.

La primera es la filtración que supone la publicación por parte de El Confidencial de la referida noticia sobre la posible quiebra del Popular. El filtrador, según lo indicado anteriormente, fue Emilio Saracho quien, precisamente, estaba obligado a hacer lo contrario. Es decir, velar por que no existiesen esas filtraciones y, en segundo término, buscar elementos positivos, que los había, para presentar ante el mercado y los clientes.

La segunda fue la filtración de la JUR a Reuters, sólo 20 días después de la primera, en la que se señaló claramente cómo se estaban realizando los preparativos para la resolución del Popular.

En consecuencia, la ruptura de la cadena de confidencialidad es un hecho contrario a las leyes que rigen el funcionamiento de los mercados y, por tanto, suponen la nulidad de la resolución.