Hace ya algún tiempo tuve una entrevista de trabajo en la sede central de una célebre firma de ropa, cuyo nombre ahorraré por cortesía, situada en una de las calles centrales del barrio Salamanca de Madrid. Yo llevaba varios años, ya por aquel entonces, dedicado al libre ejercicio de la abogacía, al igual que ahora, en el despacho que comparto con otros compañeros de profesión. La idea, por tanto, no era la de pasar a trabajar en plantilla de esa empresa, sino más bien la de escuchar sus propuestas para una posible relación profesional externa, de las que son bastante comunes en el mundo de la abogacía. Empresas o particulares contratan con cierta frecuencia a un determinado despacho de abogados con el que externalizan la defensa de sus procedimientos litigiosos, más allá del departamento jurídico interno que algunas mercantiles mantienen y otras, directamente, se ahorran.
La entrevista discurrió durante algo más de cuarenta minutos en una espaciosa oficina de la planta superior de ese edificio. Quien me entrevistó, por lo visto, era una suerte de director gerente recién llegado a España desde EEUU con el objetivo de implementar una serie de ideas, según señalaba, modernizadoras y novedosas en la empresa. Buscaban un abogado con especialización laboralista, y que tuviera acreditable experiencia procesal en nuestros juzgados y tribunales. Al menos en teoría, yo cumplía el perfil. A medida que entrábamos en materia, pude percibir sin mayores dificultades el cariz del asunto: se trataba de poner punto final a una línea presuntamente laxa, que, según mi interlocutor, tan malos resultados había acarreado a la empresa. Línea laxa de excesiva flexibilidad con los trabajadores, según me refirió, especialmente con aquellos de gran antigüedad, que se basaban en sus derechos adquiridos para contraponer sus intereses a los de la empresa. Tal extremo resultaba, según el entrevistador, intolerable.
Me formuló varias preguntas sobre despidos, de toda clase: objetivos, por causas económicas, técnicas, organizativas, de la producción, disciplinarios, procedentes o improcedentes. Una de ellas versaba sobre la mejor estrategia empresarial para recabar un haz probatorio suficiente que luego pudiera ser utilizado en juicio para determinar la procedencia del despido disciplinario acordado. ¿Qué despido? Cualquiera, el potencial despido del que ese hipotético trabajador se haría acreedor. Cualquier otro escenario parecía no contemplarse.
Mientras gesticulaba con finura, con una voz tenue me confesaba su disgusto con el antiguo equipo de abogados, siempre centrados en los acuerdos y la transacción, incluso en convencer a la empresa – ¡hasta ahí podíamos llegar! – llegado el instante previo al trance procesal, de que alcanzar un arreglo extrajudicial podía ser satisfactorio para ambas partes, puesto que la legislación vigente, aún con todas las reformas liberalizadoras a cuestas, en manos de algunos magistrados de lo social conserva aún ciertos rescoldos tuitivos para el trabajador. A lo largo de la conversación, no hubo una palabra sobre formación, preparación, prevención, organización… ni una palabra, ni media. El leitmotiv de la misma fue la amortización de puestos de trabajo, el abaratamiento de costes y tangenciales referencias a la flexibilización (en términos obviamente amplificadores) de la jornada laboral.
Como pude, y sin especial convicción, le hablé de normas y leyes, de reglas de juego. A medida que iba hilando mis frases, sin gran convicción, ante la mueca escéptica de mi interlocutor, sabía que la entrevista hacía varios minutos que había terminado. No podía parar de pensar, además, en que ese mismo día, el día de la entrevista, yo acababa de publicar un (¿in?) oportuno artículo en este mismo digital (https://diario16.com/superavit-de-fraudes/) denunciando, una a una, todas las prácticas con las que mi entrevistador fantaseaba, y que anhelaba implementar con el rodillo implacable de un profesional eficiente, no de un enclenque abogadito dispuesto a mostrar algún reparo, en términos de ética y derechos laborales, al engranaje perfecto del mercado.
Me despedí cortésmente de mi interlocutor y salí a la calle. No salía desesperanzado, como me habría ocurrido cuatro o cinco años antes, cuando aún no contaba con el sano amortiguador del realismo, el mismo que da el paso del tiempo y cierta, pero aún exigua, experiencia.
Pero no me asombré especialmente cuando adiviné entre los pensamientos que se agolpaban en mi mente cierta rabia.
Rabia por el abuso de quienes no solo se benefician de una legislación hecha a medida para satisfacer sus deseos – he ahí las reformas laborales liberalizadoras del despido, que tanto han degradado las condiciones laborales de los trabajadores, yuxtapuestas una tras otra por gobiernos de presunto signo político distinto – sino que además reclaman siempre una vuelta de tuerca más a su favor. Cierta rabia, también, a qué negarlo, al constatar la naturalidad y ausencia de pudor con la que algunos venden oscuras ideas – tan antiguas como la pana, como las consistentes en agravar brechas sociales y blindar desigualdades – en tanto que novísimas y modernas técnicas de mercado para maximizar beneficios y aumentar productividad. Cierta rabia, en fin, pero también la tranquilidad y certeza de saber que en los siguientes días mi teléfono no volvería a sonar, por la natural pérdida de interés de mi interlocutor.
Vaya por delante que yo, que también me dedico al derecho penal, jamás sugeriré que los que abusan de los más débiles deban ser privados del sacrosanto derecho de defensa. Nada más lejos de mi intención. Hasta el más indigno sinvergüenza merece una buena defensa, ese es un pilar irrenunciable de nuestro Estado de derecho. Ahora bien, puestos a sincerarnos, qué quieren que les diga, siempre he preferido a los que, también en el delito, van de cara.
