El ex conseller de Territori, Josep Rull, ha sido el primero de los acusados en prestar declaración esta mañana durante el juicio al ‘procés’ que se sigue en el Tribunal Supremo. Rull comenzó su comparecencia formulando una protesta sobre la negativa del tribunal a utilizar la traducción simultánea durante las sesiones del juicio. “La lengua materna es fundamental.
La traducción consecutiva vulnera mis derechos porque desaparece el principio de oralidad, de espontaneidad, de fluidez, mi derecho a expresarme con plenitud”, argumentó. Rull recuerda que se enfrenta a 16 años de cárcel, según la petición del fiscal, y a 74 según la acusación popular de Vox. “No es un tema menor. No existe un conflicto de intereses por utilizar la traducción simultánea; con demasiada frecuencia tengo la sensación de que se ve al catalán como una amenaza o problema. Ojalá se viera como una riqueza que debe ser compartida”, puntualizó.
El presidente de la Sala, Manuel Marchena, negó que los magistrados del Supremo vean el catalán como una amenaza y añadió que esta cuestión ya se ha resuelto en términos jurídicos en las cuestiones previas. “Nada más lejos de nuestra intención que asimilar la lengua catalana a una amenaza”, repuso Marchena.
Rull dijo que contestaría a las preguntas de la Fiscalía, de la Abogacía del Estado y de los abogados de las defensas pero, “por respeto”, no a las cuestionadas formuladas por la acusación popular “de un partido de extrema derecha” que promueve la “xenofobia, el racismo, la transfobia y que va contra los derechos de las mujeres”.
El exconseller admite que participó en la hoja de ruta hacia la independencia de Cataluña. “Nos llevó meses recoger aquello que se estaba planteando por un sector muy importante de la sociedad catalana. Fue la base del programa de Junts Pel Sí. Qué dice la hoja de ruta: que las elecciones del 27S tendrían carácter plebiscitario después de haber agotado por todos los medios los instrumentos del Estado español para hacer un referéndum”, declaró. Rull recordó que el Govern utilizó todas las vías para pactar una consulta en las urnas: el artículo 90 Constitución; el artículo 150 de la Constitución; la Ley de Consultas Refrendarias del Parlament de Cataluña; y la Ley de Consultas no Refrendarias. “Siempre dijeron que no.
También lo probamos como una consulta popular. Lo probamos más de 20 veces. Si se niegan todas estas opciones qué mecanismo más diáfano que buscar unas elecciones con carácter plebiscitario”, añadió. Para Rull, dentro de la Constitución Española, “si hay voluntad política”, existen mecanismos para celebrar un referéndum. “La movilización ciudadana es la base de todo. Derecho de reunión, derecho de participación y manifestación. La voluntad de la gente que plantea a las organizaciones políticas el referéndum en una democracia normal, sana”. El exconseller recordó que la hoja de ruta fue firmada por 6 partidos y organizaciones cívicas: CiU, Regrupament, ERC, ANC, OC y Asociación de Municipios por la Independencia.
En un momento del interrogatorio la fiscal Consuelo Madrigal cometió un error al asegurar que en la hoja de ruta de las seis organizaciones consta que se iban a organizar manifestaciones “espectaculares”, además de multitudinarias. Tras exhibirse el documento, se comprobó que el término “espectacular” no existe en esa hoja de ruta y la representante del ministerio público tuvo que retirar esa parte.
“El Govern seguía el mandato del pueblo de Cataluña. La gente vota y es buena costumbre que los partidos políticos cumplan lo que pide la gente”, prosiguió Rull. Para Rull era “perfectamente posible” organizar un referéndum y también hubiera sido posible transferir esa competencia al Govern de Cataluña, según el artículo 150 de la Constitución Española. “Siempre planteamos un referéndum pactado, consensuado, era posible”, añadió el acusado.
La fiscal le recordó entonces que las sentencias del Tribunal Constitucional impedían que las leyes de presupuestos dictadas por el Govern pudieran servir para celebrar un referéndum y que el tribunal advertía al Ejecutivo autonómico su deber de “impedir” o “paralizar” esta iniciativa. “Hasta en seis ocasiones fue advertido por el TC y firmó la notificación de las sentencias”, inquirió la fiscal. “Pero el Gobierno de la Generalitat presentó escritos cuestionando estas decisiones”, respondió Rull. “Lo que planteo es si es normal que se utilice el artículo 161.2 de la Constitución con carácter ordinario cuando es excepcional. Existe una falta de autoridad moral del Tribunal Constitucional por ser instrumentalizado por el Estado para suspender cualquier iniciativa y eso se tiene que poner en valor”, concluyó Rull.
Para avalar esa supuesta distorsión del Constitucional el exconseller recordó que la Generalitat dictó una ley de cambio climático que fue recurrida por el Gobierno español, que fue suspendida y que finalmente se aprobó. “El TC dijo que era perfectamente constitucional. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una instrumentalización política sistemática del Tribunal Constitucional y ante ese dilema: imperio de la ley o principio democrático”, alegó antes de afirmar que poner las urnas fue “el momento más importante y emotivo” de su trayectoria política. “Era una ley legal emanada de un Parlamento legítimo como es el de Cataluña. Por cierto, llevo ocho meses esperando que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre mi situación de prisión provisional. Cierro paréntesis”.
