Casi 12.400 menores extranjeros no acompañados se encuentran bajo la protección de las comunidades autónomas en España. De estos, aproximadamente el 40% están acogidos en Canarias, una cifra significativa que resalta la presión que enfrenta la red de acogida de esta comunidad autónoma. La situación en Canarias se ha visto particularmente desbordada este año debido a la continua llegada de cayucos.
Datos oficiales hasta octubre
A fecha de 31 de octubre, se registraron 10.728 menores extranjeros acogidos en toda España. Sin embargo, este número aumentó considerablemente con las llegadas posteriores a Canarias, donde se acogió a 3.030 menores hasta esa fecha. Datos recientes indican que el número en Canarias ha ascendido a aproximadamente 4.700 menores.
Distribución en otras Comunidades Autónomas
Tras Canarias, las comunidades con mayor número de menores acogidos son Andalucía (1.707), Cataluña (1.337) y la Comunidad Valenciana (1.016). Otras comunidades como Madrid, el País Vasco, Baleares, Castilla y León, Melilla, Murcia, Ceuta y Galicia también albergan a menores bajo tutela, aunque en menor número. Por otro lado, La Rioja, Cantabria, Extremadura, Asturias, Aragón, Navarra y Castilla-La Mancha presentan las cifras más bajas de acogida.
Escoltas y apoyo del Gobierno
Salvamento Marítimo ha continuado su labor crucial, escoltando recientemente un cayuco con 23 migrantes de origen subsahariano a bordo. Además, el Consejo de Ministros, en su sesión del 5 de diciembre, aprobó la asignación de 20 millones de euros para apoyar a las comunidades autónomas en la acogida de 396 menores extranjeros. Esta medida busca aliviar la saturación en los centros de Canarias y Ceuta, redistribuyendo a estos menores hacia la península.
Esta situación refleja un desafío significativo en la gestión de la migración de menores no acompañados en España. La concentración de menores en Canarias y la distribución desigual en otras comunidades autónomas subrayan la necesidad de una respuesta coordinada y equitativa a nivel nacional. El apoyo del gobierno central es fundamental, pero también es crucial una colaboración efectiva entre las distintas comunidades autónomas para garantizar el bienestar de estos menores vulnerables.
