Caso Popular: Pedraz está haciendo «un Pedraz»

El Caso Popular se dividió en dos frentes judiciales al presentarse una querella por la presunta comisión de los delitos ocultación, estafa y falsedad documental en referencia al folleto de la ampliación de capital de 2012 y las supuestas irregularidades para no reflejar el estado fiel de las cuentas de la entidad aquel año.

El despacho que presentó dicha querella sufrió un duro golpe con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de mayo de 2022 en la que se cerraba la vía civil de reclamación respecto a la ampliación de capital de 2016. Diario16 advirtió desde casi el mismo momento de la resolución de Banco Popular, en base al testimonio de importantes juristas especializados en derecho bancario, que ese tipo de demandas civiles no tenían mucho futuro, por más que bufetes de abogados irresponsables hicieran creer a los afectados que era la única vía de reclamación.

Por esta razón, ese despacho de abogados volvió a atacar a través de una querella respecto a la ampliación de 2012 presentada en la Audiencia Nacional. El juez Santiago Juan Pedraz se hizo cargo de la causa y la admitió a trámite.

Es curioso el tema del reparto en la Audiencia Nacional en lo que se refiere a los procedimientos relacionados con la resolución de Banco Popular. Las dos grandes causas penales fueron repartidas a Fernando Andreu y a Pedraz, dos jueces amigos del abogado, mediador y lobista del Santander Manuel Medina. Este hombre fue autor de un libro bendecido por Ana Patricia Botín sobre el Popular, a cuya presentación acudieron ambos jueces acompañados de Baltasar Garzón y Dolores Delgado. Ese libro fue presentado por Ángel Corcóstegui, el hombre que cobró 102 millones de euros del Santander para quitarse de en medio, y Alberto Núñez Feijóo.

Informe del Banco de España

En referencia a la querella, Pedraz requirió un informe pericial al Banco de España para que los peritos investigaran y determinaran la presunta existencia de tipos penales para continuar con la investigación. Las conclusiones fueron demoledoras y en nada se parecían a lo que afirmaba el despacho que representa a los querellantes.

En primer lugar, los peritos indican que la documentación entregada a los inversores reflejaba la imagen fiel de la entidad, lo que supone la inexistencia de engaño alguno, y no hubo perjuicio económico para los que invirtieron en la ampliación de 2012 de Banco Popular, como también constatan, parece que no se dan ninguno de los elementos del tipo penal.

Además, los peritos fueron muy claros al afirmar que la ampliación de 2012 del Banco Popular fue un éxito, además de que las personas que invirtieron en esta operación ganaron mucho dinero. Precisamente por esta razón, no pudo existir jamás un perjuicio para los inversores.

Además, en la página 13 del informe, los peritos no dejan lugar a la duda al afirmar que Banco Popular cumplió con todos y cada uno de los requerimientos legales de capital durante todo el período analizado y por sus propios medios.

Por otro lado, los peritos también son contundentes respecto a la documentación de la ampliación, descartan el engaño y contradicen la afirmación sobre el incumplimiento normativo de las cuentas, dado que dicen que la documentación de la ampliación de capital reflejaba la imagen fiel de la entidad, por lo que no cabe hablar de engaño alguno.

Además el último párrafo es muy relevante, dado que a Popular no se le había requerido formalmente por el BdE la mayoría de los riesgos que deberían ser reclasificados, su reconocimiento contable no era «legalmente exigible a esa fecha».

Ron reclama el archivo definitivo

La contundencia del informe de los peritos del Banco de España provocó que Ángel Ron, expresidente de Banco Popular, presentase un escrito a Pedraz en el que solicitaba el sobreseimiento libre, es decir, el archivo definitivo de la causa porque no se pudieron cometer ningún tipo de delito cuando se ha calificado la ampliación de 2012 como un éxito.

Según el escrito presentado por la defensa de Ángel Ron, las conclusiones del informe pericial son inequívocas por lo que «resulta impertinente, irrelevante, e inútil la ratificación solicitada por las acusaciones particulares, en la medida que todos y cada uno de los extremos planteados, como ‘éxito de la operación’, ‘rentabilidad de la inversión’ o ‘expresan la imagen fiel’ son suficientemente claros, para no tratar, por la vía de la ratificación, la rectificación de la experta y concluyente opinión de los inspectores».

Además, se indica que si, tal y como se indica en el informe de los peritos, la información y documentación con la que contaron los inversores «reflejaba la imagen fiel de la entidad –es decir, no hay engaño– y en ningún caso hubo ningún tipo de perjuicio económico –obtuvieron una alta rentabilidad– no se cumple ninguno de los elementos del tipo penal que las acusaciones –en un claro ejemplo de instrumentalizar este procedimiento para la ampliación de capital de 2016– no cabe diligencia adicional alguna más allá del sobreseimiento libre y archivo de las presentes diligencias previas», afirma el escrito de Ron.

Pedraz es Pedraz y, eso, es un peligro

El juez Santiago Juan Pedraz no suele hacerles mucho caso a los informes del Banco de España. Ya ocurrió con el archivo de un caso de blanqueo de capitales de Banco Santander.

En mayo de 2021, en el auto de sobreseimiento, Pedraz reprochó a la entidad presidida por Ana Patricia Botín la falta de control y que su actividad contribuyó a la ocultación de hechos constitutivos de comisión de delitos.

El informe de los peritos del Banco de España indicaba con claridad que el Santander puso su red al servicio de HSBC para que sus clientes pudieran realizar movimientos en las cuentas opacas que tenían en Suiza sin necesidad de salir de España.

Toda la operativa permitía que la Agencia Tributaria no tuviera forma de conocer esos movimientos y, según las investigaciones de Hacienda derivadas de la publicación de la lista Falciani, un elevado porcentaje de esas operaciones nunca fue declarado.

La propia Fiscalía, que fue siempre favorable al archivo de la causa, puso de manifiesto que la documentación pericial demostraba graves irregularidades llevadas a cabo por parte de las dos entidades españolas objeto de investigación y en el periodo de autos, en la valoración del alto riesgo conjunto que representaba la entidad HSBC Private Bank Suisse, la concreta operativa desarrollada, y el país donde desarrollaba sus actividades, Suiza.

A pesar de todo esto, Pedraz ha archivado la causa afirmando que las pruebas presentadas no eran suficientes, además de alegar que el delito de blanqueo de capitales ya habría prescrito. Todo ello siguiendo letra por letra, como si de un copy-past fuese, la argumentación de la Fiscalía.

Con este antecedente, la defensa de Ángel Ron no debería estar muy tranquila, porque, a pesar de que el informe de los peritos es demoledor en lo referido a la ampliación de capital de 2012, Pedraz es Pedraz y eso, como indican sus propios hechos, es un peligro…, sobre todo si la Fiscalía anda por medio. No en vano, ha ampliado otros 6 meses la instrucción de la causa a pesar de la contundencia del informe del Banco de España.

¿Habrá pensado la defensa del expresidente del Popular en recusar a Pedraz? Es cierto que el comportamiento en otros casos no relacionados no se encuentra entre las causas de recusación que marca la ley española, aunque, como ya hemos analizado en Diario16, las recusaciones en España son un modelo de blindaje de los jueces que viola sistemáticamente la Constitución. Sin embargo, existe jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la apariencia en la que se podría sostener dicha recusación.