La Fiscalía ha presentado su escrito de calificación sobre la investigación en los contratos dados sin publicidad en el Instituto de la lengua Catalana cuando Laura Borrás, actual presidenta del Parlament estaba al frente, entre 2013 y 2017.
El juez instructor cerró su investigación el pasado 27 de junio, dando el plazo pertinente para que las partes y la fiscalía se posicionasen al respecto.
La fiscalía ha hecho su propuesta, donde ha eliminado el delito de malversación de caudales públicos, puesto que el trabajo solicitado se llevó a cabo.
En la resolución del juez, este señala que «los hechos indiciarios expuestos evidenciarían que Laura Borrás abusó de las funciones que tenía reconocidas en calidad de directora de la ILC dictando resoluciones injustas al aprobar las adjudicaciones de los 18 contratos menores, con plena conciencia de que las adjudicaciones entraban en contracción con las exigencias de la legislación reguladora de los contratos del sector público, omitiendo una verdadera concurrencia para únicamente favorecer los intereses de Isaías Herrero en detrimento de la defensa de los intereses generales, que debería defender».
Seis de los contratos fueron adjuncados a Isaías H errero por un importe total de 112.503 euros. Otros seis en Red Integral, por 101.035 euros en total, donde Herrero era socio. Tres contratos en Freelance por importe de 54.437 euros y tres más para APMG&CE SL (21.175 €), Andreu PM (20.025 €) y Smartcooper (21.265 €).
En total, 330.442 euros, que constituyen el montante por el que se investiga a Borrás.
El procedimiento está ahora pendiente de que el juez Seguí determine la apertura de juicio oral, momento en que Borrás debería retirarse de la presidencia del Parlament, tal y como establece la normativa de la institución.
