El COVID-19, con la variante ómicron y su gran capacidad de contagio, demuestra una vez más que en España los sistemas públicos de salud no están lo suficientemente dotados para hacer frente a los picos de atención que se les requiere.
En esta sexta ola de la pandemia se han incrementado exponencialmente las demandas a la atención primaria, tanto para pruebas diagnósticas como para confirmar y gestionar la baja laboral tras los resultados positivos de los test de antígenos que se adquieren en las farmacias.
El comienzo de la actividad docente y el retorno al trabajo tras las vacaciones de Navidad están incrementando los casos donde las personas trabajadoras contagiadas requieren atención sanitaria, además de la gestión de las bajas para justificar su ausencia en las empresas.
El sistema público sanitario está desbordado, se atiende telefónicamente y con gran demora. En alguna comunidad autónoma, incluso, se ha optado por que las farmacias hagan el proceso de inclusión en las historias clínicas informatizadas de los sistemas públicos de salud de los casos detectados de personas positivas.
Las clases medias y las trabajadoras en particular no pueden quedar en indefensión ante su situación de salud. No solo necesitan asistencia y tratamiento sanitario sino que han de justificar las ausencias al trabajo con los partes de baja.
Desde el sindicato CCOO han sido contundentes al afirmar que «no estamos conformes con que sean las farmacias las que tramiten los procesos para la incapacidad temporal, ni con medidas que no garanticen al máximo tanto la seguridad jurídica como los derechos de las personas trabajadoras». Y tienen razón.
El parte de baja es el documento administrativo que expide el facultativo del sistema público de salud después de realizar el reconocimiento médico del trabajador, justificando que el estado de salud es incompatible con la actividad laboral y precisa la baja. Para este procedimiento se utilizan los modelos legales que figuran en la Orden ESS/1187/2015, de 15 de junio, que desarrolla el Real Decreto 625/2014, de 18 de julio. Esta normativa vigente, en cuanto a partes de baja y confirmación de la misma, establece cuatro grupos de procesos:
- Procesos de duración estimada inferior a 5 días naturales, donde el facultativo responsable emite el parte de baja y alta en el mismo acto médico.
- Procesos de duración estimada entre 5 y 30 días naturales, donde el personal facultativo emitirá la baja y la primera revisión que no excederá de 7 días naturales. Tras esta confirmación las siguientes se harán hasta en 14 días.
- Procesos de duración estimada entre 31 y 60 días naturales, donde el personal facultativo emitirá la baja y la primera revisión que no excederá de 7 días naturales. Tras ella, las siguientes se harán hasta en 28 días.
- Procesos de duración estimada entre 61 y más días naturales, donde el personal facultativo emitirá la baja y la primera revisión que no excederá de 14 días naturales. Las siguientes se harán hasta en 35 días.
El COVID-19, para el que ahora se ha establecido un periodo de 7 días de aislamiento domiciliario, no corresponde al primer proceso de corta duración que ahorra el trámite del alta, lo cual impide prescribir en el mismo acto administrativo baja y alta médica laboral.
Para CCOO es imprescindible, para garantizar la seguridad jurídica de trabajadores y trabajadoras y aliviar realmente de esta gestión a los Servicios de Atención Primaria, que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones implemente en el sistema un nuevo «Parte de baja COVID» que, de manera coyuntural y mientras perdure la pandemia, cubra los 7 días de baja, según las recomendaciones adoptadas en el marco del Consejo Interterritorial de Salud.
Esta solución que propone CCOO ayudaría a homogeneizar las distintas situaciones y soluciones que se están dando en las comunidades autónomas como soluciones transitorias y puntuales a la pandemia ante el aluvión de contagios. En todo caso, hay que comprobar esa transitoriedad y que la medida no se consolide a futuro, ya que es un tema de salud y de prestaciones públicas del sistema de protección.
El sindicato ha anunciado que esta propuesta la trasladarán al Ministerio en la reunión de diálogo social en materia de Seguridad Social que se celebrará esta tarde.
Lo que la sociedad española, en general, y las clases medias y trabajadoras, en particular, demandan es un sistema con las salvaguardas suficientes para las personas trabajadoras y que proporcione seguridad jurídica respecto a las prestaciones que se derivan en el sistema de la Seguridad Social.
Por ello, los procesos de confirmación de la infección y la baja médica tienen que tener la supervisión de personal facultativo, con refuerzo del administrativo, que proporcione la garantía necesaria de que la baja está correctamente justificada y gestionada, lo que da derecho subsiguiente prestación económica del sistema de la Seguridad Social.
Quien no recuerda pasillos llenos, ucis… cuando la gripe…. en fin si hubieran invertido
como tiene que ser…
La sanidad en la comunidad de Madrid está muy mal gestionada.