Señor Sánchez, ¿por qué sigue protegiendo al Banco Santander?

Banco Santander es una entidad absolutamente contraria a los valores que, por coherencia ideológica, debería defender un Gobierno que merezca llamarse progresista de izquierdas. Esto es una verdad prácticamente absoluta que no merece ningún tipo de discusión al respecto. Por esta razón, la protección que el banco presidido por Ana Patricia Botín sigue recibiendo por parte de las más altas autoridades españolas resulta absolutamente incomprensible.

 ¿Por qué el presidente Sánchez continúa protegiendo al Santander? ¿Qué razones ocultas hay para que un presidente del Gobierno, que se presentó ante su militancia como el nuevo referente del socialismo y la izquierda, no actúa frente a una de las entidades que mejor representa el papel de las dictaduras privadas? Es totalmente incomprensible.

El Santander no es razón de Estado, no es una cuestión de Estado, es, simplemente, una empresa privada que puede caer como lo puede hacer una zapatería o un supermercado. A lo largo de la historia, muchos bancos no han recibido la protección del sistema, han quebrado o han sido vendidos por cantidades ridículas (simbólicas es un eufemismo muy utilizado para esto) de dinero. Y no ha pasado nada, como no pasaría nada si el Santander es intervenido o vendido por la simbólica cantidad de 0,5 euros a otra entidad que, con su esfuerzo, no se ha convertido en un peligro sistémico, como afirmó el FMI, ni que tenga miedo a abrir investigaciones independientes (forensic) sobre sus escándalos, como ya ha reclamado por escrito, tanto al Consejo de Administración como a los fondos internacionales que controlan más del 40% del Santander, algún que otro accionista minoritario.

El banco presidido por Ana Patricia Botín protagoniza o ha protagonizado en los últimos años múltiples escándalos que se han sustanciado en condenas o duras sanciones en el extranjero, mientras que en España se le protege a través, incluso, de retorcer la ley para crear doctrinas legales a medida para evitar que, por ejemplo, el fallecido Emilio Botín fuera condenado por las cesiones de crédito.

El Ejecutivo actual debe recordar cómo este escándalo supuso un quebranto de 2.584 millones de euros y la principal perjudicada fue la Agencia Tributaria, es decir, todos los españoles. Sin embargo, la Doctrina Botín permitió que tanto el banco como su presidente y sus directivos salieran impunes de la Audiencia Nacional. Mantener esta impunidad no es coherente ni con la democracia ni, por supuesto, con lo que debería defender un gobierno de coalición progresista.

También en la época del fallecido Emilio Botín tenemos el escándalo que supuso la adquisición de Banesto tras la intervención del Banco de España.  Gracias a esta operación, el Santander se convirtió en el líder de la banca española. Años más tarde el ex secretario del consejo de administración de Banesto, Juan Carlos Rodríguez Cantarero, en declaraciones ante diferentes tribunales reconoció que, entre 1994 y 1998, se habían recuperado 4.507 millones de euros de los supuestos créditos dañados. De esta manera se demostró que no existía el agujero de 3.636 millones de euros, que fue creado “ad hoc” para justificar la intervención.

Rafael Pérez Escolar calificaría los hechos como la «más gigantesca malversación de caudales públicos de la historia financiera española» en la querella que interpuso por apropiación indebida, cohecho, prevaricación, estafa, malversación de caudales públicos, falsedad en documento mercantil, maquinación para alterar el precio de las subastas, etc. contra Emilio Botín, Alfredo Sáenz, Ana Patricia Botín, Ignacio Benjumea, Jaime Pérez Renovales, el gobernador y subgobernador del Banco de España y otros ante la Audiencia Nacional que sería archivada por un auto de Baltasar Garzón tras el escándalo del patrocinio de los cursos en Nueva York.

La presunta estafa de Valores Santander se fraguó en 2007 con el objetivo por parte de la entidad de obtener financiación para hacerse con la totalidad de las acciones de la entidad holandesa ABN AMRO mediante una OPA conjunta con el banco Royal Bank of Scotland y Fortis.

El importe total de la emisión de este producto ascendía a 5.000 millones de euros, tratándose de obligaciones convertibles en acciones de la entidad. Este producto complejo, que se vendió bajo la apariencia de renta fija, incorporaba la obligatoriedad de convertir al final del período estipulado por el Santander (5 años), los valores en acciones. La venta de Valores Santander es una operación diabólica de enorme magnitud, porque la entidad emitió un producto a su medida para financiar su OPA, y lo hizo sin ningún escrúpulo engañando supuestamente a sus clientes y ocultando los riesgos del producto que le estaba vendiendo.

Santander está siendo investigado en la actualidad por el fraude de los dividendos Cum-Ex, que ascendería a 55.200 millones de euros, y se extiende principalmente a Alemania, donde la fiscalía de Colonia está llevando a cabo investigaciones que incluyen al Santander. El mecanismo de la falacia operaría a través de la compra «a corto» de acciones de empresas cotizadas en periodos próximos al reparto de dividendos. Según la investigación, Santander ejecutó a través de su filial en Reino Unido (Abbey National Treasury Services) infinidad de operaciones por las que cobraba importantes comisiones y se embolsaba parte de las ganancias del presunto fraude, según indican las declaraciones de testigos ante la fiscal de Colonia, que también han manifestado que el Santander en Londres era el mayor vendedor a corto y que la misma transacción de compra de acciones se aprovechaba para realizar varias solicitudes de devolución de impuestos.

En Reino Unido el Santander protagonizó el escándalo de los seguros PPI, por el que 2,7 millones de clientes se han visto afectados, hecho por el que la entidad presidida por Ana Patricia Botín ha tenido que provisionar 1.800 millones de libras para indemnizarlos. El Santander ha sido acusado por los supervisores británicos por haber llevado a cabo actuaciones tratando de reducir la cantidad a pagar a sus clientes afectados, intentando impedir o dificultar sus reclamaciones, eliminando a las compañías profesionales de gestión de reclamaciones de sus comunicaciones con los clientes ante la mayor dificultad para éstos de responder dentro de los límites de tiempo establecidos por el banco.

Otro gran escándalo del Santander lo hallamos en el Caso Banco Popular, por el cual, a través de una nueva operación diabólica, el banco cántabro ha obtenido, según publicó Diario16 en base a una auditoría, una cantidad cercana a los 40.000 millones de euros tras pagar 1 euro por una entidad solvente y viable que tenía un patrimonio neto de 11.077 millones, y todo ello sólo pudo ser posible con la presunta colaboración de los organismos estatales del último Gobierno del PP (Luis de Guindos era el ministro de Economía), no en vano, fueron éstos los que retiraron más de 5.000 millones de liquidez del Popular en las horas previas a la resolución.

El propio Santander ha reconocido que la subasta se realizó fuera del plazo. ¿Nadie en el aparato del Estado, señor presidente y señor vicepresidente segundo, ha determinado que es una causa suficiente de nulidad de la operación y que el Santander debería devolver el dinero a los 1,2 millones de personas arruinadas?

Por otro lado, otra muestra de esa impunidad del Santander fue la creación por parte de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de la Doctrina Botín II, al desimputar a la entidad presidida por Ana Patricia Botín. Para ello fue necesario que no se aplicara un artículo del Código Penal. ¿Hasta esto llega la protección del Estado, hasta no aplicar la Ley?

Señor Sánchez y señor Iglesias, no tienen más que mirar quiénes son los máximos accionistas del Santander para entender que es inexplicable la protección que se le da por parte del sistema: bancos custodios, gestores de cartera o grandes fondos internacionales que son opacos con los propietarios del dinero que invierten en las grandes empresas españolas. El Santander ya no es un banco español, sino que está controlado por muchas de esas entidades que, según venimos publicando en Diario16 haciéndonos eco de la última gran investigación del ICIJ, movieron 2 billones de euros de dinero sucio desde el año 1999 hasta 2017, en algunos casos canalizando algunas de esas transacciones a través del Santander.

Además, ¿está viendo la situación en bolsa de la entidad presidida por Ana Patricia Botín? Mientras escribo este artículo, el mercado ha cerrado con el Santander dando los mínimos históricos del siglo XXI: 1,541. Cuando la actual presidenta accedió a su cargo tras la muerte repentina e inesperada de Emilio Botín, el valor del Santander era de 7,65.  En 6 años, la gestión de Ana Patricia Botín ha llevado a que la entidad que preside pierda un 80% de su valor.

El problema, señor presidente y vicepresidente segundo, no está en esos grandes accionistas que en esta etapa han perdido cerca de 60.000 millones de euros. El problema está en esos accionistas minoritarios que lo que están perdiendo son sus ahorros. No son especuladores, son trabajadores y trabajadoras, pequeños empresarios y empresarias, jubilados y jubiladas, que, como ocurrió con los del Banco Popular, lo van a perder todo.

Señor Sánchez, ¿qué mas tiene que pasar para que el Estado deje de proteger al Santander? ¿Qué lóbregos dosieres puede haber para que ningún Gobierno haya decidido ya, de una vez, dejar de proteger a esta empresa? ¿Por qué hay sugerir o imponer imponer las sonrisas del vicepresidente Iglesias cuando está delante Ana Patricia Botín? ¿Qué categoría puede tener como para que se produzca una comida privada con usted y la señora Botín después de un acto en el que se quiso poner a España en marcha?

El Santander es lo contrario a lo que representa su gobierno, su partido y, peor aún, señor Sánchez, sus votantes. Es la antítesis y la señora Botín debería ser su némesis, como James Moriarty lo fue de Sherlock Holmes o Lex Luthor de Supermán. El banco que lleva el nombre de la capital de Cantabria afirma ser feminista y se ceba en los ERE con las mujeres, con las madres con reducción de jornada o utiliza la lucha contra el cáncer de mama para publicitar sus seguros.

El Santander afirma que es ecologista, incluso su amigo Jesús Calleja se llevó a la señora Botín a hacer un publirreportaje a Groenlandia, mientras el Santander aparece en todos los informes como uno de los bancos del mundo que más invierte o financia a empresas altamente contaminantes e incrementa esa apuesta con, por ejemplo, las sociedades que explotan las tierras raras.

El feminismo y el ecologismo son algunos de los puntos clave de su Gobierno, señor Sánchez. Entonces, ¿cómo puede seguir defendiendo a este banco? ¿No ha llegado ya la hora de investigarlo a fondo y descubrir la verdadera situación en la que se encuentra?

Recuerde una cosa, señor presidente: en los resultados del primer semestre, comunicó unas pérdidas de 10.798 millones que atribuyó a un movimiento contable respecto al fondo de comercio. Sin embargo, no contabilizó las pérdidas que debe estar sufriendo por el cambio de divisas que, según distintos cálculos, podrían alcanzar los 20.000 millones de euros a final de año por la devaluación del real brasileño y del peso mexicano.

La Declaración de Independencia de los Estados Unidos afirma lo siguiente: «cuando una larga serie de abusos y usurpaciones, dirigida invariablemente al mismo objetivo, evidencia el designio de someter al pueblo a un despotismo absoluto, es su derecho, es su deber, derrocar […] y proveer de nuevas salvaguardas para su futura seguridad y su felicidad». Los padres de la democracia le indican el camino, señor Sánchez. ¿No le resultaría más gratificante que la historia le recordase, como a Pablo Iglesias Posse, por hacer sentir al pueblo español «su timbre de voz como la voz inconfundible de la condición humana». Señor presidente, permítame que le recuerde que la profesión más antigua del mundo también es mirar hacia otro lado.