Ha pasado más de un año desde que Agrupación Reformista de Policías (ARP) pidiera al Ministerio del Interior la rendición de cuentas de los sindicatos representativos policiales por ser perceptores de subvenciones públicas, lo que no ha provocado hasta el momento contestación alguna de la Administración. Ahora vuelven a pedir cuentas y hacen nuevas propuestas a los partidos políticos, en el proceso electoral, “para que el Consejo de la Policía tenga las máximas garantías de limpieza e igualdad de condiciones”.
“determinados sindicatos, actuaban presuntamente con contabilidades en B, deudas casi millonarias”
También proponen que “aquellos sindicatos de nueva creación que obtengan representación en las Elecciones de este año 2019 lo hagan también con efectos retroactivos desde su fundación”.
En enero del año pasado desde la Agrupación Reformista de Policías envió un escrito al entonces Ministro del Interior del Partido Popular, en el que denunciaban “que desde el año 2013, la Dirección General de la Policía, no había establecido norma o auditoría a los sindicatos representativos perceptores de subvenciones públicas”, pese a las denuncias “existentes entre los propios sindicatos”, quienes “denunciaban en RRSS o en comunicados internos, que determinados sindicatos, actuaban presuntamente con contabilidades en B, deudas casi millonarias, y que determinada organización sindical, pudiera estar recibiendo dinero de algún sindicato de clase, que a su vez recibe subvenciones del Ministerio del Empleo y Seguridad Social”, ha denunciado la ARP.
Dichas sospechas se han ido consolidando durante el último año “con procedimientos judiciales abiertos por presunta corrupción a los más destacados o máximos responsables de varios de los sindicatos policiales representativos, como pudieran ser la CEP o UFP”, denuncian desde la Agrupación Reformistas de Policías. Según está agrupación se han publicado algunos “sobresueldos de más de mil euros”, por ejemplo, el que presuntamente “ha cobrado la máxima dirigente del SUP”. Todo esto hace que ARP exija la máxima transparencia sobre las finanzas de dichas organizaciones.
“Sobresueldos de más de mil euros”, el que presuntamente “ha cobrado la máxima dirigente del SUP”
Y no lo hacen para que se cumpla con el deber de fiscalización y sometimiento al control de las normas conforme establece la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno y la Ley Orgánica 9/2015 de Régimen de Personal de la Policía Nacional. Y denuncian “la falta de normativa fiscalizadora en la Dirección General de Policía al respecto”.
Nos recuerdan que esta última ley, “establece la obligación de un Régimen económico de la organización, que permita a los afiliados conocer la situación económica y acceder al régimen económico de la organización estableciendo el carácter, procedencia y destino de sus recursos”.
Dentro de poco serán las elecciones al Consejo de la Policía, y “siempre se ha hecho eso por parte de los sindicatos representativos, del ardid y excusa peregrina de la fidelización y promoción de la participación en las elecciones al Consejo de la Policía, efectuándose regalos en una especie de compra de voluntades en “fraude de ley” para conseguir votos que les perpetúen en sus sillones”, han denunciado desde la ARP.
Exigen al Gobierno entrante una norma interna en la Dirección General de la Policía, que obligue a presentar cada año, la contabilidad, balances, ingresos y gastos de los sindicatos policiales del Cuerpo de Policía Nacional, que reciban subvenciones de cualquier Administración Pública, derivada de su actividad sindical.
Por último solicitan que se prohíba explícitamente desde la DGP y Ministerio del Interior “cualquier tipo de regalos o cualquier otra prebenda para la captación de afiliados o votos dirigidos a la obtención de unos resultados favorables en las próximas elecciones al Consejo de Policía”. En caso de que se continúe con esta práctica corrupta “se tomarán las medidas necesarias ante Fiscalía y Autoridades Judiciales”, han reiterado.
